Los mexicanos enfrentamos suficientes desafíos como para generar innecesarias controversias artificiales que absorben la atención pública, desviándola de los temas trascendentes. Asuntos de gobernanza, inversión, crecimiento económico, inseguridad, violencia, desempleo, palidecen frente al inédito ejercicio cívico de revocación de mandato.
En julio 2018 elegimos al actual presidente de la República, cuyo mandato expira el 1º octubre 2024. En septiembre 2021 la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley Federal de Revocación de Mandato, ejercicio reprogramado para efectuarse el próximo 10 abril 2022. Dicha legislación habría de implantarse a partir del próximo presidente, ya que de lo contrario se estará incurriendo en la aplicación retroactiva de la ley.
Damos por descontado que se alcanzará – a como sea- el número de votos requeridos para la celebración de la consulta y que dado el alto índice de popularidad del presidente, el resultado le será favorable, sin embargo, prevalecen controvertidos puntos de vista. El INE, organismo autónomo nada dócil, lejano a la simpatía del presidente López Obrador, argumenta haber visto mermado severamente su presupuesto 2022 -en 5 mil millones de pesos-y por ende no contar con fondos suficientes para organizar la consulta, razón por la cual mayoritariamente decidió postergar la realización de la misma, hasta que la Suprema Corte se pronuncie al respecto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una resolución o que la autoridad competente determine apoyar económicamente dicho evento. AMLO sostuvo que si el INE no confirma la consulta para la revocación de mandato, la gente podría organizarse para realizarla, que no es un asunto de dinero, simplemente el INE es contrario a la democracia y si él no tuviera el apoyo del pueblo, tanto el órgano electoral, los medios de comunicación como los intelectuales, ya estarían organizando la consulta para sacarlo. Al respecto aclaremos que la Constitución asigna al INE la realización de la consulta de revocación de mandato, o sea, carecería de validez legal si fuera organizada por otra instancia además de que no cubriría los requisitos técnicos indispensables, igualmente podemos prever que en caso de que las preferencias del voto le fueran adversas a AMLO, éste tampoco apuraría la consulta.
Claudia Sheinbaum, ante el aplazamiento de la revocación de mandato considera que 6 consejeros del INE pretenden vulnerar la democracia del país y la falta de recursos sólo es un pretexto. Marcelo Ebrard opina que el discurso de defensa de la democracia aplicado por el INE se desmorona. Mario Delgado acusa a algunos consejeros del INE de sumarse al bloque conservador. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, más en su carácter partidista, realizó denuncias penales contra consejeros del INE contrarios a la consulta. Ricardo Monreal señaló que el INE debe aplicar la austeridad, pero el Ejecutivo y Hacienda también pueden apoyar económicamente para el ejercicio.
Apresuradamente la Suprema Corte de Justicia se pronunció, ordenando al INE continuar con el proceso de la consulta de revocación de mandato hasta su conclusión, con el viable presupuesto de mil 503 millones de pesos.
La revocación de mandato ha sido sobredimensionada, convertida en asunto personal del presidente con los consejeros del Instituto. Finalmente AMLO será facultado para cumplir con el mandato para el cual fue electo en 2018.