Con, sin o con algo de razón, imaginemos la repercusión política que le causaría al gobierno de la cuarta transformación encarcelar de por vida en el penal de alta seguridad de Almoloya a 31 científicos, investigadores, académicos y funcionarios vinculados con el Conacyt, específicamente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, bajo los cargos de peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La justicia selectiva que se ensaña y distrae la atención pública con casos elegidos, primero apresa y luego averigua, y en cuanto a la consigna de que “quien nada debe nada teme”, tengamos presente a los varios que han acudido ante el ministerio público a declarar y allí han sido apresados y obligados a permanecer en confinación durante todo el proceso, evitando así su fuga, ya que cuentan con los medios para evadirse de la justicia.
Las reacciones por lo que la comunidad universitaria y científica califica de linchamiento colectivo no se han hecho esperar, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró la persecución a los 31 funcionarios del Conacyt como un despropósito y algo inconcebible, reiterando su confianza en la aplicación de la justicia y en la división de poderes. Incluso Claudia Sheinbaum atribuyó como un exceso el que la Fiscalía General de la República acuse a 31 científicos del Conacyt por presunto lavado y delincuencia organizada. Los excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que no es una empresa privada y hasta diciembre de 2019 fue una asociación civil autónoma financiada por el Conacyt, calificaron las acusaciones de la FGR de sorprendentes e infundadas. Al momento un juez federal ha rechazado por segunda ocasión la solicitud de la Fiscalía para girar órdenes de captura contra el grupo de científicos aludido, no obstante, la Fiscalía insistirá por tercera vez ante el Poder Judicial.
En tiempo de abrazos y no balazos sorprende el ensañamiento contra una comunidad científica que muy lejos está de ser o siquiera parecer delincuencia organizada -término empleado contra narcotraficantes y bandas criminales- y que bien merece contar con la presunción de inocencia. La buena fe de los acusadores pudo entrar al detalle del monto de los gastos justificados frente a los excesivos, de los impuestos correspondientes a personas físicas y a la institución, de indagar a quien pertenece la reclamada casa adquirida en Coyoacán, por cierto, preguntar por qué no se compró mejor una casa en Iztapalapa no es un comentario constructivo.
La directora del Conacyt Ma. Elena Álvarez- Buylla, pregonera de la ciencia neoliberal, lejos ha estado de identificarse y de representar la visión de sus representados, más bien ha actuado a distancia, nombrando colaboradores inapropiados, recortando gastos ajenos sin cuidar los propios, confrontada con los de adentro cumpliendo como emisaria de intereses de la 4T ajenos a la investigación y desarrollo.
Por encima de los dimes y diretes entre investigadores de la Fiscalía e investigadores de la ciencia, México requiere avanzar en investigación científica y desarrollo tecnológico, reincorporando a los investigadores que han quedado fuera del sistema de apoyo, llegando a designar 1% del PIB para ciencia y tecnología, promoviendo y fortaleciendo la calidad de lo que el país produce.
