La pregunta clave: ¿ De haberse aprobado la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, enviada en 2021, como parte de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de extensión del mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, hasta 2024, por dos años más del periodo que la Constitución establece para los ministros presidentes, se hubiera evitado la posterior iniciativa presidencial para remover a los ministros de la Suprema Corte y sustituirlos por otros de elección popular, así como también a magistrados de tribunales colegiados y unitarios y jueces federales y de distrito? ¿De haber permanecido Arturo Zaldívar, igual hubiera avanzado el objetivo de remover a ministros, magistrados y jueces, reemplazándolos por imberbes aspirantes votados por el pueblo sabio?
Con la salida de Zaldívar, AMLO fue intensificando su discurso contra la Suprema Corte y de paso contra el Poder Judicial, acusándolos de corrupción, falta de representatividad y significar un bastión de privilegios y obstáculos para la transformación: “El Poder Judicial debe ser más representativo y transparente”. El desaire de Norma Piña al no ponerse de pie al ingreso de AMLO a la celebración de la Constitución, en Querétaro, profundizó las tensiones entre ambos poderes. Norma Piña ha sido firme en la defensa de la autonomía judicial, asumiendo una postura independiente frente al Ejecutivo.
La reforma judicial ya publicada en el Diario Oficial de la Federación establece como límite antier, 30 octubre, para que los integrantes del Poder Judicial en funciones decidieran su participación en los comicios del próximo junio. Es así como más de la mitad de los 850 cargos judiciales en juego, cuyas adscripciones resultaron sorteadas, anunciaron su declinación. En la SCJN, 8 de los 11 ministros presentaron su renuncia efectiva al próximo 31 agosto 2025, retirándose del proceso judicial para repetir en el cargo. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá presentó un proyecto de sentencia al respecto, proponiendo invalidar la elección popular de jueces y magistrados, pero manteniendo la de ministros y magistrados de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “La función judicial es una función técnica que sirve de contención de los abusos de poder de los otros dos poderes”. La SCJN acordó iniciar el próximo martes 5 noviembre la discusión de acciones de inconstitucionalidad presentada por distintos partidos contra la reforma judicial.
Al respecto, Claudia Sheinbaum se pronunció: “La propuesta del ministro JLGAC sobre la reforma judicial es inconstitucional porque los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales y la SCJN no puede ser legisladora…Los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución”.
Las reformas constitucionales están fuera del control de la SCJN, sin embargo, ésta puede interpretar la Constitución y resolver controversias o contradicciones que surjan en su aplicación, permitiéndole influir en cómo se implementan las reformas y la interpretación de sus disposiciones.
