Lo logrado por el nuevo régimen presidencial, en un año, con la mayoría calificada en el poder Legislativo, se inscribe con las reformas constitucionales expedidas por éste y sin mayores obstáculos ha establecido el andamiaje del sistema normativo como eje central para gobernar. La consulta popular y la revocación de mandato; la extinción del dominio; la tipificación del fraude electoral, la evasión fiscal, el robo de combustible como delitos graves; garantizar el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; la creación de la Guardia Nacional y permitir a las fuerzas armadas que participen en la seguridad pública, entre otros temas.
La democracia ha sido el detonador del reciente régimen presidencial para obtener todo un conjunto de cambios en el orden jurídico, político y social aún en curso, así como el condensador de las transformaciones inacabadas. Ha creado pautas de esperanza y desasosiego.
Esta etapa presidencial constituye la interfase entre el viejo orden político, económico. social y legislativo y el nuevo que no termina por nacer con toda la ingeniería constitucional y la implementación que necesita la gobernación democrática para desenredar el embrollo de los grandes problemas nacionales, vinculados a procesos históricos concatenados. Fundamentalmente la inseguridad pública que trae aparejada la violencia, las víctimas avasalladas por los criminales, sin obtener justicia; la violación de los derechos humanos; las desigualdades y los contrastes sociales; el desempleo generado por los sectores público y privado; la recesión económica; el deterioro salarial y de las prestaciones que vulnera a la clase trabajadora; la creciente migración masiva; la corrupción y la impunidad de las instituciones que hay que detener y combatir; el que la democracia no se erosione al contraer instituciones que garanticen libertades de la ciudadanía para elegir y participar en los asuntos públicos; el asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gobierno como pilar de la democracia.
El nuevo orden jurídico constitucional construido para el progreso, la paz, impartir la justicia, abatir la corrupción y reordenar la convivencia de la sociedad, si bien hay avances, la brecha entre lo que establece el reciente sistema jurídico y la realidad sigue siendo amplia. La violencia y la inseguridad persiste. Se estiman 38 mil asesinatos en 2019, superior al año 2018, con 36 mil (EL UNIVERSAL, 5/11/2019), miles de muertos y cientos de desaparecidos. El crecimiento económico estancado, con el producto interno bruto del 0.1 por ciento al 30 de octubre de 2019 (INEGI). México ocupa el lugar 138 de 180 países con altos índices de corrupción detonada con la infiltración del crimen organizado en la política (Índice de Percepción de la Corrupción 2019, Transparencia Internacional).
Los atolladeros normativos constitucionales en su implementación, demostrados con indicador tras indicador pueden limitar la consolidación del nuevo paradigma presidencial. La transición tentativa e incierta con la acción política en contextos turbulentos y complejos requieren de los acuerdos sensatos y honestamente comprometidos con la mejora de la funcionalidad democrática, con el ejercicio del gobierno democrático.
Los saldos negativos para el desarrollo sustentable, involucran políticas de inversión del Estado, con información abierta al escrutinio público para evitar la corrupción y las complicidades, lo que a minado la dignificación y la confianza las empresas públicas (por ejemplo, Pemex, CFE) por sus comportamientos corrompidos, impunes y delincuenciales. Ello resulta crucial ante el atorado crecimiento económico nacional, que haga viable aumentar el empleo, el ingreso y consecuentemente el consumo para incentivar la inversión y el incremento de las finanzas públicas para financiar el bienestar social a fin de abatir pobreza y marginación.
Esta premisa para el desarrollo sustentable, obliga a los órganos del Estado a garantizar la seguridad pública. Este no debe replegar la capacidad para decidir y actuar efectivamente ante los embates de la criminalidad, ni transferir la responsabilidad a la sociedad que es vulnerada diariamente en cada localidad y en todo el país por la delincuencia. Las movilizaciones recientes de las organizaciones feministas contra la victimización de que son objeto las mujeres, dan cuenta de ello. Se trata de asegurar la integridad de las personas, generar confianza, dar tranquilidad y establecer la paz que todo sistema social requiere para el progreso.
En la resignificación de la democracia para dar certidumbre a la vida pública y para que no se exacerben los problemas nacionales resulta relevante la disposición constitucional para evitar el resurgimiento del viejo trueque de la voluntad de la ciudadanía a cambio de apoyos.
Conviene considerar el redireccionar la partidización de la función pública con el nombramiento de funcionarios a modo por la insaculación que genere la confianza ciudadana por cuanto su actuar sea imparcial e independiente apegado al Estado democrático y de derecho.
Estos serían algunos de los desafíos a soslayar en el devenir del nuevo régimen presidencial austero, racional y socialmente comprometido para lograr el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y la justicia que demanda, requiere y se merece la sociedad mexicana.
