Nuestros derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano, encaran las divergencias entre la realidad y la obligación del Estado para asegurarlos.
De ello dan cuenta las violaciones a los derechos infringidos a los migrantes, pueblos originarios, ancianos, mujeres, hombres, menores y tantos más. Impera la ineficacia para resarcirlos, tutelarlos y protegerlos, sin que puedan disfrutar sus destinatarios de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales.
A ello se suman las restricciones impuestas, omisiones y reformas legislativas contraventoras del principio de progresividad de los derechos humanos.
Si bien, los derechos humanos, constituyen un tema central para mejorar la calidad de vida de las personas en la sociedad mexicana, hoy en día enfrentan la magnitud de problemas para lograr su respeto irrestricto. Consecuentemente ninguna versión de progreso puede ser defendida convincentemente.
Encontramos escenarios con naturaleza, caraterísticas, alcances y tendencias que han demostrado ser indefectibles.
La inseguridad pública, como práctica frecuente, ha minado los derechos a la libertad e integridad de las personas, de sus bienes, posesiones y propiedades, que al Estado le corresponde salvaguardar y contribuir a la generación de la paz social y el orden público establecido en el artículo 21 constitucional.
Los indicadores muestran al Estado demeritado por su taxativa capacidad de respuesta frente al crimen. Éste ha aumentado. En 2019 con respecto a 2018, el feminicidio se incrementó en 10.3%; el secuestro subió al 3.5%; la trata de personas a 12.4%; la extorsión en 29%. Además de los torturados, desaparecidos y nuevas fosas con personas muertas sin identificar. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en el 2019 el saldo es de 35 mil 588 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, un promedio de 97.5 personas asesinadas todos los días. En varios estados ello se vive con frecuencia, como en: el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. (El Universal, México, 22/01/2020).
El derecho a la salud se deteriora. Las manifestaciones de la sociedad muestran la desatención del gobierno como responsable de garantizar dicho derecho, como las expresiones recientemente realizadas por los padres de niños con cáncer ante la falta del suministro de medicamentos que debe de proporcionar y garantizar el sector salud gubernamental como un fundamento mismo de la vida. A pesar de que los derechos de la niñez son del interés superior y la salud de la población es un deber del Estado asegurarla, así como el acceso efectivo de éste servicio, como lo prevé el artículo 4o. constitucional.
Los derechos de los pueblos originarios contenidos en el artículo 2o. Constitucional, a la autodeterminación y al autogobierno, enfrentan restricciones en su ejercicio. Como la identificada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con el proceso de consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, realizado del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, la cual señaló que hasta el momento las autoridades federales no han cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.
Ello afecta los derechos humanos de esos pueblos, ubicados en el sur del país. Cuyas medidas que deben adoptar el gobierno federal son los estudios de impacto ambiental, incorporar la participación e información de las comunidades involucradas, cuidando en todo momento su carácter libre y garantizando condiciones de seguridad para atender las necesidades básicas expresadas por las comunidades, independientemente del proceso de consulta, consentimiento, aprobación e implementación del proyecto Tren Maya (ONU-DH, 19/12/2019).
Otro tema, es el derecho al trabajo previsto en los artículos 5o. y 123 constitucionales, ante la caída de crecimiento económico del Producto Interno Bruto a 0.0% (INEGI, 2019). Esto genera la falta de inversión y ello produce el desempleo, el ingreso se deprime y por tanto, también el consumo para estimular la inversión. Ante ello el Estado debe asumir la dirección no solo para incentivar la inversión privada y pública, sino para garantizarla y establecer el seguro al desempleo.
Las recomendaciones al Estado Mexicano por la Organización de las Naciones Unidas se incrementan ante la violación de derechos humanos. Diversos órganos, mecanismos y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han formularon recomendaciones del total emitidas de 1994 a diciembre de 2018 fueron de 2602. De estas se identifican los temas con mayor número de recomendaciones formuladas al Estado mexicano como son: Derechos de las mujeres, 561; Derechos de niñas, niños y adolescentes, 549; Derechos de las personas migrantes y sus familiares, 364; Derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 281; Derechos de las personas indígenas, 274; Derechos de las personas privadas de la libertad, 145; Derechos de las/ los defensores de derechos humanos, 113; Derechos de las personas con discapacidad, 96; Derechos de los periodistas y comunicadores, 88; y, Derechos de las personas extranjeras, 57.
Es importante destacar que se encontró, entre todo el universo de recomendaciones, una repetida mención a los temas de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de las personas migrantes e indígenas.
Por ello, los derechos humanos debieran contar con una agenda institucional para garantizarlos en todas sus dimensiones (política, económica, social, cultural y tecnológica), ámbitos (federal, estatal y local) y categorías (derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica, propiedad, colectivos y sociales), entre otros aspectos que resultan cruciales para la sociedad mexicana.
Esto conduce a establecer planteamientos, fines, enfoques y nuevos rumbos para tutelar, asegurar y resarcir los derechos humanos.
Las inconexiones de los derechos humanos y la realidad en las presentes condiciones no pueden prescindir de contar con una agenda de gobierno con los planteamientos de la necesidad y trascendencia de llevar a cabo una reforma del Estado, resaltando la dimensión de las condiciones institucionales que los derechos humanos requieren para operar eficazmente la tutela y crear un orden incluyente.
