El nuevo modelo constitucional de los derechos humanos fundado a una década con las reformas a la Constitución Federal publicadas el pasado 10 de junio de 2011, ha configurado la ampliación progresiva en el reconocimiento de los derechos de igualdad, libertad, políticos, sociales, colectivos, de seguridad jurídica y de propiedad que debe tutelar y garantizar el Estado Mexicano y los particulares cuando así se ha determinado.
Este modelo constitucional y convencional de los derechos humanos estructurado, organizado y reconocido normativamente contrasta con el foco de la realidad de los actos coactivos que los vulneran en el presente.
Desafortunadamente, se persiste en avasallarlos, con lo que se lesiona a las personas en su integridad física, moral o psicológica, en sus posesiones, patrimonio o en su familia, lo que genera el quebranto del respeto de sus derechos proclamados y reconocidos por el sistema jurídico mexicano e internacional, con un alto perjuicio para la humanidad.
Ello configura el desvanecimiento del modelo constitucionalmente vigente, que afecta los principios, normas y valores prescriptos.
Amnistía Internacional en su informe 2020-2021, destaca la situación de los derechos humanos que se vive en México desde hace más de una década continuó en la vulneración en el año 2020 y persiste en este año, en temas como violencia de género, migración, seguridad, salud y agresiones contra activistas y defensores.
Destaca también a la pandemia, como ha mostrado las enormes desigualdades sociales, educativas y de salud que existen en México. En donde el sistema sanitario está fracturado, con rezagos e insuficiencias.
Encontramos escenarios con naturaleza, características, alcances y tendencias que han demostrado ser indefectibles.
La inseguridad pública ha minado los derechos a la libertad e integridad de las personas, de sus bienes, posesiones y propiedades, que al Estado le corresponde salvaguardar y contribuir a la generación de la paz social y el orden público establecido constitucionalmente.
Los indicadores muestran al Estado demeritado por su taxativa capacidad de respuesta frente al crimen. Éste ha aumentado. En 2020 se estima en homicidios dolosos registrados, con una proyección de 40,863 asesinatos. El feminicidio se incrementó en 10.5%; el secuestro subió al 3.9%; la trata de personas a 12.9%; la extorsión en 32.0%. Además de los torturados, desaparecidos y nuevas fosas con personas muertas sin identificar.
El derecho a la salud se deteriora. La pandemia por el coronavirus, el mes de junio de 2021 llegó a un total de 222 mil 657 decesos. Persiste la desatención del gobierno como responsable de garantizar el derecho a la salud. Por ejemplo, las expresiones por los padres de niños con cáncer ante la falta del suministro de medicamentos que debe de proporcionar el Estado. A pesar de que los derechos de la niñez son del interés superior como lo prevé el artículo 4o. constitucional.
Las recomendaciones al Estado Mexicano por la Organización de las Naciones Unidas se incrementan ante la violación de derechos humanos. De estas se identifican los temas con mayor número de recomendaciones formuladas al Estado mexicano como son: Derechos de las mujeres, 561; Derechos de niñas, niños y adolescentes, 549; Derechos de las personas migrantes y sus familiares, 364; Derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, 281; Derechos de las personas indígenas, 274; Derechos de las personas privadas de la libertad, 145; Derechos de las y los defensores de derechos humanos, 113; Derechos de las personas con discapacidad, 96; Derechos de los periodistas y comunicadores, 88; y, Derechos de las personas extranjeras, 57.
Vivimos un contexto mundial complejo de la llamada posmodernidad. Esto ha conducido a un estadio crítico en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La posmodernidad, entendida como lo señala Antony Giddens, es la etapa histórica que nada puede saberse con certeza. No existen escenarios previsibles, dado que los preexistentes fundamentos del conocimiento han demostrado no ser indefectiblemente; que la historia está desprovista de las causas finales, consecuentemente ninguna versión de progreso puede ser defendida convincentemente.
En este tenor, los derechos humanos debieran ser considerados en una nueva agenda política con el objeto de evaluar si lo reconocido jurídicamente ha sido eficaz, lo qué no se ha logrado y queda pendiente por efectuar, con el propósito indefectible de hacerlos realidad.
Sobre todo, en éste siglo XXI, en que las sociedades posmodernas, se inscriben en una etapa en que se producen desajustes, incertidumbre y turbulencia provocados por la pandemia, por el sars-covid-16, la globalización, del paso del neoliberalismo al proteccionismo, al Estado asistencialista y tutelador, la crisis financiera, la inseguridad pública; así como por los desequilibrios dados entre naciones, regiones y localidades desarrolladas, atrasadas y marginadas; y la desigualdad social que amplía la brecha entre riqueza y pobreza que hoy se vive con mayor intensidad.
Los derechos humanos son vulnerados en aras de enfrentar el crimen globalizado o de mantener la seguridad nacional, local y de cada hogar y la migración, con un alto perjuicio para la humanidad.
A pesar de que, en los tiempos presentes, en nuestro sistema constitucional democrático y convencional se establecen el reconocimiento y controles para la defensa de los derechos, como el juicio de amparo, el habeas corpus, el recurso administrativo, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, entre otros.
En este contexto conocer y explicar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico tanto su naturaleza, características, alcances y tendencias en la sociedad posmoderna, frente a la realidad social que nos muestra un panorama de quebrantamientos evidentes.
No obstante, estimo el deber de continuar con el debate sobre los derechos humanos en el proceso democrático que vivimos. Resulta relevante reflexionar ante los embates que se realizan o lleguen a efectuar, que nos permita tener conciencia de los mismos para poder hacerlos valer ante las acometidas de las violaciones que se lleguen a realizar por las autoridades y los particulares.
