Desde lo planteado por los actores políticos y gubernamentales, funcionarios electorales y académicos han establecido los componentes de reflexión para integrar la agenda legislativa federal para la reforma electoral de 2019. Han definido la problematización básica y concretado las propuestas. Ello generado en el Foro para la Reforma del Estado y Electoral celebrado en junio y en los Foros Regionales de Parlamento Abierto “Hacia una Reforma Electoral” realizados en julio y agosto, impulsados y coordinados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
De lo discurrido convergieron y divergieron propuestas, objetivos, prioridades y opciones. Han tratado con énfasis cómo restablecer las instancias institucionales que la democracia mexicana requiere para el nuevo orden político, en la ingeniería constitucional.
Por el énfasis puesto en las deliberaciones acuciosas se pueden destacar dos enfoques desde la perspectiva de la política del Estado austero. La primera anticipa la extinción de las instituciones electorales locales y la ampliación de las facultades de los órganos federales para hacerse cargo de las funciones de aquéllos, cuyas concepciones comprenden:
- Extinguir a los organismos administrativos y a los tribunales electorales locales por considerarlos innecesarios y costosos, sin ellos no pasará nada, pueden asumir sus funciones las autoridades federales a fin de contar con órganos administrativos y jurisdiccionales únicos y eficientes;
- Expedir una nueva ley general electoral procesal reguladora para toda la nación a fin de que genere certeza jurídica, debido a la existencia de leyes electorales estatales con particularidades heterogéneas, con ambigüedades y diferencias para su aplicación;
- Revisar y reducir el presupuesto del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular los sueldos de los consejeros y magistrados; y,
- Disminuir el financiamiento público federal de los partidos políticos y que las legislaturas locales modifiquen las fórmulas contempladas que otorgan financiamiento, se reduzca al menos al cincuenta por ciento.
La segunda perspectiva dilucidada, a diferencia de la anterior, tiene por sustento el principio del federalismo electoral, cuyo discurso se basa en el fortalecimiento de las instituciones electorales federales y locales, acorde a la política de austeridad, fijando sus alcances, tales como:
- Modificar la Ley General de Partidos Políticos, en materia de financiamiento público local, para que se multiplique el padrón en cada estado por el 30 por ciento y no por el 65 por ciento como hoy ocurre, en términos de la Unidad de Medida y Actualización, y con ello se estarían reduciendo en el plano local casi dos mil 500 millones de pesos al año;
- Considerar el voto electrónico, ello podría significar un ahorro de cuatro mil millones de pesos en cada elección concurrente;
- Revisar el financiamiento público electoral en el ámbito local y federal, para determinar partidas para ahorros anuales;
- Disminuir los tiempos de campañas y eliminar las precampañas;
- Reducir el periodo de la preparación de las elecciones de un año a siete meses;
- Revisar la integración de los órganos administrativos y jurisdiccionales para que pasen, en el caso federal de once a siete (Consejeros del INE), en el jurisdiccional de siete a cinco (Magistrados del TEPJF) y en los locales administrativos (Consejeros de los OPLES), de siete a cinco;
- Reducir la integración de las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 250, plurinominales de 200 a 125 y de primera minoría a 16 en el Senado;
- Para evitar gastos de elecciones extraordinarias en caso de nulidad de elecciones ordinarias, quien ocupe el segundo lugar, pase al primero y con ello evitar elecciones extraordinarias, y,
- Reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en 1996, la cual no es acorde con el paradigma de justicia abierta, con el reconocimiento de los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y con la justicia incluyente.
Indudablemente dichos enfoques constituyen un conjunto de problemas y propuestas derivadas del diálogo crítico, riguroso y objetivo para detonar las transformaciones al sistema electoral que requiere frente a los comicios futuros, pero la cuestión a esclarecer, aún incierta, es fijar a cuál de ellas nuestros legisladores federales las adscribirán a la agenda legislativa, si las decididas serán útiles para mejorar lo alcanzado actualmente en la democratización del sistema político y bajo qué criterios se determinarán que no conduzcan a la generación de expectativas frustrantes para desplegar y asegurar la integridad y la honestidad de la democracia.
En términos del Estado austero y para una reforma electoral exitosa, es decir, que cumplan las expectativas de la democracia representativa para acreditar elecciones plurales, competitivas, libres, imparciales y frecuentes, incluyente del sufragio libre de la ciudadanía, sin coacción, se necesita de la apertura de las relaciones de colegialidad, deliberación, colaboración, coordinación, horizontalidad, transversalidad y sinergias, para lograr construir una estrategia de reforma electoral útil desde su planteamiento inicial que conduzca a la consolidación de un régimen electoral que tienda a simplificar normas, procesos, plazos, estructuras, órganos, sin dejar de ser sólido, eficaz y estable, reivindicador de la República democrática.
Es por ello que las modificaciones electorales en curso debieran considerar soluciones integrales en sus objetivos, ámbitos de competencia, atención a la realidad política y social de lo local y nacional, al reconocimiento y garantía extenso de los derechos humanos, al diálogo y acuerdos, a la convocatoria abierta y a la capacidad legislativa que converjan para la elaboración de mejora en la estructuración de los diseños legales y construir mejores instituciones para nuestra sociedad democrática.
Estos son los desafíos en la etapa de integración de la agenda legislativa electoral, con el objetivo de que podamos construir el contenido de la democracia pluralista, incluyente, aseguradora de libertades y derechos, así como para contener la decisión política de nuestros legisladores, que son mayoría, no se vuelva hegemónica y conduzca a la falta de inclusión en el arranque de la reforma democrática.
