En los últimos días se ha hablado mucho de la cancelación del programa de “escuelas de tiempo completo”. Se ha dicho, y con razón, lo mucho que esa pésima decisión habrá de impactar en la vida de numerosas niñas y niños y sus familias. Lo que implicará que a las y los estudiantes de las comunidades más pobres del país se les retiren recursos que hacen diferencia en la oportunidad a la educación, la nutrición y el acceso a una mejor calidad de vida. También se ha comentado sobre lo que significa que un gobierno, que no se cansa de definirse de izquierdas, rompa las medidas de apoyo en favor de quienes menos tienen.
Sin embargo, y a pesar de las críticas a su determinación, el presidente López Obrador decidió sostenerla. En su charla de ayer lo señaló expresamente. Además de mostrar necedad y la incapacidad de reconocer el más mínimo error, los dichos mañaneros ponen de manifiesto su comprensión de los derechos humanos. Sabíamos ya de su repelencia a algunos de ellos. A los que tienen que ver con el feminismo, el medio ambiente o la orientación sexual. Podía entenderse —no justificarse— que se debía a las dificultades de incorporarlos a sus muy tradicionales y muy conservadoras concepciones políticas y jurídicas. En efecto, sus afirmaciones para mantener el cierre de las escuelas de tiempo completo expresaron nítidamente su concepción general de los derechos humanos.
Lo mejor que se le ocurrió decir al Presidente para cancelar los programas educativos de tiempo completo, fue que la asignación de los recursos se haría de manera directa a los padres y sin la intervención de nadie. Siguiendo con su lógica, un padre tendrá dinero en efectivo a partir del número de hijos en la edad escolar del programa. Aun suponiendo que la asignación es eficaz –lo cual dudo muchísimo–, significará que los padres de familia tendrán cierta cantidad mensual de dinero por cada uno de sus hijos en edad escolar, y que el acumulado podrá serles de importancia. Hasta aquí, aparentemente, nada criticable. Sin embargo, de inmediato surgen los problemas. Por mucho que el dinero pueda significar en lo individual, nunca será suficiente para abrir ni mantener una escuela, ni para preparar la comida diaria a los niños, ni para mantenerlos estudiando en las tardes bajo la supervisión de un maestro. Tampoco resolverá directamente los temas de la convivencia cotidiana ni el acceso a conocimientos y estudios. Menos aún servirá para que los padres mantengan sus ocupaciones ordinarias cuando sus hijos se encuentran aprendiendo y socializando con otros niños.
Puede suceder que López Obrador no alcance a comprender que lo que los niños y sus familiares requieren es una amplia base institucional. No solo dinero. Éste, en el mejor de los casos, solo solucionará las más básicas necesidades. Podría suceder también que el Presidente esté buscando de manera intencionada la desinstitucionalización de la educación a fin de generarse una base clientelar completamente diversa a la ciudadanía. Puede ser que, finalmente, pretenda una combinación entre ambos extremos.
Cualquiera que sea su pensamiento o su intención, lo cierto es que el entendimiento que López Obrador tiene de los derechos humanos no es ni moderno ni constitucional. Es una expresión más de atavismos que buscan la despolitización de los actuales estudiantes, o la constitución de clientelas personalmente agradecidas. En este caso, desde luego, en perjuicio de los niños pobres. Aquellos sujetos que alguna vez fueron el centro de sus afanes renovadores verbales.
Ministro de la SCJN en retiro.
@JRCossio
