Hace poco más de 10 años se modificó el artículo 6° constitucional para reconocer el derecho de todas las personas al libre acceso a la información plural y oportuna. Se trató de un importante avance para empoderar a los ciudadanos y a sus asociaciones en la obtención de información gubernamental con dos grandes propósitos. Por una parte, permitir el conocimiento de los asuntos públicos de las distintas autoridades en todos los niveles de gobierno; por otra parte, conferirles las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y su crítica al quehacer de los correspondientes servidores públicos. Con el cambio constitucional pareció abrirse una época en la que las autoridades publicarían la información propia de todas sus acciones a fin de posibilitar las mencionadas funciones y críticas.
Tan deseables fines se han ido desvirtuando en el tiempo y, sin ser exclusivo de ella, se han incrementado considerablemente en el actual sexenio. Cada vez resultan más evidentes los intentos del funcionariado de la, así llamada, cuarta transformación, para impedir el otorgamiento de la información necesaria para empoderar a la ciudadanía y permitirle ejercer su labor crítica. El actual arco de opacidad va desde la falta de nombramiento por parte de los senadores morenistas a los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hasta las comunes respuestas sobre la falta de información sobre las decisiones gubernamentales, incluidas las del presidente de la República.
El trabajo de recopilación, sistematización y difusión de la información pública gubernamental se realiza en la actualidad por un conjunto de asociaciones civiles. Las mismas no son sólo complementarias de las tareas que la Constitución impone a los agentes públicos. En realidad y en mucho están siendo sustitutivas de éstas. Asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Artículo 19 u otras semejantes, ejecutan constante y cotidianamente aquello que debería estar realizando el gobierno.
En este contexto de opacidad resultan de singular importancia los trabajos que, en adición a las tareas realizadas por las señaladas asociaciones nacionales, llevan a cabo los grupos de trabajo procedentes de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. Recientemente se celebraron las audiencias sobre las desapariciones forzadas y estamos a la espera del correspondiente informe. Igualmente el grupo de trabajo relacionado con la detención arbitraria acaba de emitir las conclusiones preliminares de su informe.
Tal como sucede con estos dos ejemplos, las tareas que este tipo de órganos realizan periódicamente a partir de un mandato internacional, se están constituyendo en medios extraordinariamente eficaces para dar cuenta tanto de los errores como de las omisiones que en materia de transparencia están siendo generados y mantenidos por las autoridades nacionales. No cabe duda de que, en los años por venir, estos informes serán de la mayor importancia para documentar las muchas violaciones a la obligación de transparencia de las actuales autoridades, así como a otros tantos derechos humanos e irregularidades administrativas y presupuestales. Ante la falta de transparencia de nuestras autoridades, habrá de ser la sociedad civil organizada y los organismos internacionales los que refieran las irregularidades que hoy se están cometiendo de muy diversas maneras y, por ello, tratándose de ocultar. Como nunca antes, debemos darle visibilidad y relevancia a lo que, en materia de tortura, desapariciones, migración, trata y tantos otros fenómenos de semejante crueldad, se está documentando ante la parsimonia, incapacidad o complicidad de las autoridades que debieran velar por nuestros derechos.
