Con motivo de la iniciativa de reformas a la justicia nacional presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado y acogida con entusiasmo por sus legisladores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) puso a consideración de sus agremiados la suspensión de las labores jurisdiccionales de ese Poder. Esta Asociación se constituyó en 2002 a fin de representar a sus agremiados en la defensa de su función de juzgadores, así como para defender los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en la impartición de justicia y de la carrera judicial.
Conforme al primer objeto, la JUFED debe velar por los derechos de los juzgadores vinculados con la función jurisdiccional. Es decir, de las garantías jurisdiccionales —mantenimiento de ingresos durante el tiempo del ejercicio, inamovilidad, establecimiento de causas precisas y acotadas de responsabilidad y supuestos de remoción—; en otras palabras, para proteger los elementos necesarios de la adecuada impartición de justicia. Es por ello que, cuando los juzgadores nacionales demandan la observancia de las garantías jurisdiccionales, en realidad representan a quienes están —o pueden llegar a estar— sometidos a la justicia. El segundo objeto de la JUFED está íntimamente vinculado con el anterior, a saber: defender las condiciones institucionales previstas en la Constitución y los tratados internacionales. Ambos ordenamientos prevén derechos humanos para los particulares y, en correspondencia, obligaciones para las autoridades a fin de garantizar la impartición de justicia.
Los directivos de la JUFED consideran —para mí con total justificación— que no fueron escuchados ni, menos aún, tomados en cuenta en los “Diálogos Nacionales” convocados por los legisladores del oficialismo para recoger los puntos de vista que sobre la reforma existen en nuestra muy plural sociedad. Igualmente, estiman —también justificadamente— que mediante la reforma se destituiría masivamente y sin juicio previo a los actuales juzgadores federales y locales, se crearía un modelo disciplinario de única instancia sin recurso efectivo, y se afectaría la división de poderes y la propia independencia judicial. Todo lo anterior les parece —y concuerdo plenamente con ellos— atentatorio de diversos preceptos de la Constitución, de los tratados by de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en perjuicio, ante todo, de los justiciables nacionales.
Fue así como la mesa directiva de la JUFED convocó a sus agremiados a manifestarse respecto del paro de labores. Este método legitima la decisión y las acciones que los juzgadores federales tomarán para proteger las garantías jurisdiccionales y los derechos humanos de los justiciables.
Ante una decisión mayoritaria por la suspensión de labores planteada en la convocatoria, se dará sustento a la protección de las garantías jurisdiccionales de los juzgadores federales; las condiciones laborales de los servidores del Poder Judicial de la Federación estarán respaldadas y protegidas, y los juzgadores y servidores de todos los poderes judiciales locales contarán con un ejemplo de lucha jurídica y moral. Finalmente, la población sabrá que sus juzgadores defendieron a las instituciones que les permitirán ser juzgados de manera independiente, sin sujeciones arbitrarias al poder político que actualmente nos gobierna o, en el futuro, habrá de gobernarnos.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
