En el Diario Oficial del 10 de enero de 2014, se publicó el decreto mediante el cual se creó la Fiscalía General de la República (FGR). Conforme al artículo 102 constitucional, a ésta le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales federales. Tal función la realizaba la Procuraduría General de la República (PGR) que, por diseño institucional, estaba subordinada al Presidente de la República. Para iniciar la transición al nuevo órgano, el 14 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica de la FGR y el 18 de enero pasado se designó a su titular. Los requerimientos normativos están cumplidos, pero operativamente ¿en dónde está la FGR?
Responder esta pregunta precisa de indicadores. Esta demanda debe destacarse en una época en la que parece prevalecer el voluntarismo político disfrazado de un entusiasta decisionismo. En la procuración de justicia, como en tantas otras cosas, del querer no se sigue el poder. Lograr cambios en un ámbito tan descuidado y corrompido a lo largo de los años, solo es posible con orden y concierto. De otra manera y por mejores intenciones que se tengan y discursos que se emitan, las condiciones se deterioran más aún por mera inercia de lo descompuesto.
De entre las mediciones establecidas para saber en dónde está la FGR, es de gran valor el estudio de México Evalúa, “De PGR a FGR: observatorio de la transición 2019”. En él se mide la situación en que se encuentra el diseño institucional, el modelo de investigación, el servicio profesional de carrera y el proceso transicional mismo de la FGR, en relación con distintos ámbitos y subámbitos. Por ejemplo, en el diseño institucional, uno de los ámbitos estudiados es la persecución estratégica de los delitos y sus subámbitos de política criminal, plan de persecución penal, estrategia de priorización, definición de competencias y análisis e inteligencia criminal. Las conclusiones del informe son devastadoras. La autonomía institucional no se ha traducido en una cultura participativa ni incluyente; no existe una lógica de priorización en la persecución delictiva; no hay definiciones básicas de política criminal y no hay mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas.
Sin ser defecto del informe y ante tan triste panorama, podrá decirse que es difícil evaluar el tránsito institucional esperado mediante un ejercicio hecho a las pocas semanas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la FGR y de la designación del Fiscal General. Frente a ello también es posible decir que, como todo diagnóstico bien hecho, su valor no descansa solo en detallar lo analizado, sino en las posibilidades de orientar lo que en el futuro, ya el presente, debiera hacerse para lograr las correcciones pertinentes y los resultados esperados.
Sin dar por descontado lo que con la economía pueda suceder en los próximos meses, lo cierto es que, con autonomía de ello, la inseguridad es el problema más importante que actualmente enfrentamos. Ésta, desde luego, no podrá mejorar sin un muy sólido y confiable aparato de procuración de justicia. Nuevamente, aquél que permita investigar bien los muchos y variados delitos que a diario y crecientemente se cometen, y presentar buenas acusaciones para que los responsables reciban la correspondiente sanción penal con pleno respeto a los derechos humanos. De no ajustarse la FGR, podremos seguir hablando de paz y recuperación de la seguridad, pero el ejercicio equivaldrá a salir de pesca con una red anticuada y agujereada. De ella, peces gordos y también flacos, escaparán alegremente de sus captores. El informe de México Evalúa será de gran utilidad en los aniversarios del cambio presidencial, la expedición de la Ley Orgánica y la designación del Fiscal, para establecer qué han hecho los nuevos pescadores con la mala red que recibieron. No estaremos hablando ya del pasado, sino del concreto y cierto presente. Éste, en el que tantos están siendo lastimados y, al parecer, tan poco se está logrando revertir.
Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional
