En los últimos días el presidente de la República ha expresado un par de puntos de vista en materia constitucional. Aun cuando cada uno de ellos parece poner de manifiesto dos temas distintos, en realidad tienen un interesante hilo de continuidad. El primero de ellos se dio con motivo de la crítica a la Universidad Nacional Autónoma de México. Dejando de lado el asunto en lo general, el Presidente dijo que había disminuido el número de cursos de derecho constitucional. Esto, desde luego, es palmariamente falso, pues el contenido del curso general de la materia que agrupaba a las garantías individuales y el amparo, se ha desdoblado en cinco. Además de la multiplicación de las clases, los temarios son completamente distintos, así como más amplios y complejos.
El segundo episodio se dio apenas la semana pasada, cuando dijo que el neoliberalismo promovió nuevos derechos para poder saquear, e impulsó —supongo que por los mismos motivos— el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales. Aquí también yerra el Presidente. Contrario a ello, los “nuevos” derechos y su defensa comenzaron a gestarse desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Para los años sesenta el feminismo y el “ecologismo” tenían consistencia teórica y propuesta jurídica. La protección a los animales buscó enfrentar los procesos en que los animales eran la materia prima.
Con independencia de las obvias diferencias entre programas de estudios universitarios y derechos humanos, hay un elemento que hace interesantes las críticas presidenciales. Como en tantas otras cosas, el Presidente está dividido entre la añoranza y el deseo. Vive con la esperanza de que la vida futura sea como lo fue la pasada. En esa totalidad no le afecta que haya más o menos cursos de derecho constitucional, sino que en ellos no se enseñe lo que debiera enseñarse. Que las constituciones nacionales han expresado la dialéctica de la independencia, la reforma y la revolución, base necesaria para darle cabida a su “cuarta transformación”.
En materia de derechos las cosas tienen el mismo sentido. Los “nuevos” derechos le preocupan porque son la base de la construcción de los individuos frente al Estado. De personas que quieren realizar su propio proyecto de vida, sin admitir que las autoridades puedan generarlo ni menos imponerlo. Cuando López Obrador critica al amparo, al individualismo o a los propios derechos humanos, pretende desconocer las exigencias ciudadanas. Negar desde el principio que alguien le pueda exigir, reclamar o diferir de su proyecto. Lo que le afecta es la dispersión de lo que imagina como un todo nacional conducido por él mismo. Su problema no es ni el amparo ni los derechos, sino los efectos que él estima perversos para la construcción de un único y unitario proyecto nacional.
Desde hace más de 200 años, la humanidad ha buscado construir medios para limitar el ejercicio del poder público. Las constituciones han sido las herramientas en las que tales mecanismos se han depositado. La división de poderes, los derechos humanos, el principio de legalidad y otros conceptos semejantes han tenido el carácter de normas constitucionales. Cuando el presidente mexicano expresa sus críticas a la forma en cómo se comprende nuestro texto y a las prácticas jurídicas y sociales que desde él se realizan, intenta adueñarse de los límites institucionales para consolidar el proceso de transformación de la vida nacional que aspira lograr. Sin esa apropiación su narrativa histórica perdería sentido y habría individuos que quisieran realizar sus propios proyectos de vida.