Mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, cerca de cuatro millones y medio de personas se movilizan diariamente por diversos motivos para distintos destinos. Más allá de su composición por trenes, carros, estaciones, pasillos, escaleras y torniquetes, en las últimas semanas tal Sistema ha sido significado por narrativas contrapuestas. Donde veíamos personas, bienes y servicios, vemos otras cosas. Observamos un objeto politizado.
La primera narrativa asume que lo que sucede con el Metro proviene de la falta de mantenimiento o de su abandono por parte de las autoridades. Este relato no solo supone el abierto descuido de la operación, sino que ello deriva del uso irregular de los recursos para la construcción de clientelas electorales de cara a la elección presidencial del 2024. Para quienes asumen este punto de vista, lo que ha acontecido y acontecerá con el Metro, no será consecuencia de la falta de mantenimiento; sino, finalmente, de la intencionalidad política originaria. La segunda narrativa alude a la existencia de actos o fenómenos atípicos, ajenos a los procesos de supervisión o mantenimiento. Desde esta premisa se ha ido introduciendo el componente humano, crecientemente en la modalidad de un supuesto sabotaje. Lo que ha sucedido y sucederá, se implica, proviene de actos encaminados a lastimar los bienes y producirles daños a las personas a fin de afectar el sentido del mismo proceso electoral del 2024.
Para quienes sostienen la primera narrativa, la solución a los problemas pasa por el incremento y adecuado uso de recursos públicos para el mantenimiento y supervisión. En la medida en que éstos no sean asignados y debidamente ejercidos, se comprobará la hipótesis de la intencionalidad política. Para quienes, por el contrario, han asumido la idea del sabotaje, lo pertinente es asignar personas para vigilar y evitar los actos delictivos. Insertos en la lógica general de los tiempos, no hay modo de que esas ideas se concilien o atemperen. Por el contrario, presenciaremos el incremento de su radicalidad.
En este contexto de polarización es fundamental recordar que el artículo 109 de la Constitución dispone que será objetiva y directa “la responsabilidad del Estado por los daños que cause en los bienes o derechos de los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular”. La importancia de este recordatorio es que permite romper con las subjetividades a partir de las cuales se han construido las narrativas señaladas. La responsabilidad objetiva se actualiza por la mera actividad irregular del Estado, sin interesarse en las pretensiones de los servidores públicos. Ahí donde se haya producido un daño por no cumplir con lo que el derecho dispone, el afectado tendrá derecho a una indemnización.
Al respecto es importante no perder de vista la posibilidad de que la búsqueda de saboteadores sea para pretender evitar tal responsabilidad objetiva por parte de las autoridades del Metro y de la Ciudad de México. Si lograra imponerse la idea de que los incidentes tienen el propósito de dañar bienes y personas, podría romperse la condición de la responsabilidad objetiva. Para evitar esta huida en perjuicio de las víctimas, es necesario exigir la plena acreditación de los pretendidos sabotajes y no aceptar, en modo alguno, la teoría general del “complot” que en el imaginario social ya se está construyendo con la presencia de la Guardia Nacional y los discursos militares.
Ministro en retiro de la SCJN.
@JRCossio
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