La crisis que vivimos ha producido ya sus propias normas jurídicas. Se ha buscado regular conductas para configurar fenómenos y producir resultados. Se han restringido movilidades, ordenado actividades, generado excepciones y dispuesto de recursos. Entendiendo el complejo contexto en el que las cosas se están dando, conviene tener presentes algunos de los errores jurídicos que las autoridades ya han cometido con el ánimo de evitarlos, así como a los males propios de la pandemia, los generados por decisiones inválidas o de efectos no queridos.
El primer ejemplo es laboral. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la declaración de “contingencia sanitaria” permite suspender labores y pagar un salario mínimo diario durante un mes. El pasado 23 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró a Covid-19 enfermedad grave de atención prioritaria y actualizó tal contingencia sanitaria. Para evitar el efecto indicado, el propio Consejo declaró el 30 de marzo “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”. Con independencia del traspié inicial y de los efectos estrictamente laborales, la declaración de fuerza mayor generó problemas para el cumplimiento contractual en todo el país. Los obligados podrán argumentar que su incumplimiento proviene de esa condición general y excepcional, lo cual tendrá que definirse litigiosamente.
El segundo ejemplo es el decreto del Presidente de la República del 2 de abril. Con él, se ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica cuando la Administración Pública Federal funja como unidad responsable o mandante, a fin de que los ejecutores del gasto depositen en la Tesorería de la Federación antes del 15 de abril los correspondientes recursos federales. El decreto presidencial pasó por alto que los recursos públicos fideicomitidos siguen la suerte del contrato de fideicomiso. Antes de realizar la transferencia de los fondos a la Tesorería deben extinguirse y cumplimentar las obligaciones con terceros. De otro modo, se corre el riesgo de estar ante una confiscación.
El tercer ejemplo se dio cuando al emitir las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria (31 de marzo), el secretario de Salud modificó el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad para incorporar a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y Trabajo. Como tal competencia corresponde en exclusiva al Presidente, se aclaró (3 de abril) que tales funcionarios participarían en el órgano pero no lo integrarían.
Hace 50 años, Lorenz aludió al llamado “efecto mariposa”. Consideró que la producción de un fenómeno modesto en una parte del mundo produciría grandes e inesperados efectos en otra parte de él. La idea vale para lo que estamos comenzando a vivir. La generación de decisiones jurídicas que hoy parecen razonables o justas, van a tener graves y permanentes consecuencias en la propia crisis y una vez que concluya. Lo que hoy se está determinando jurídicamente, será materia de litigios, indemnizaciones, responsabilidades y un conjunto igualmente complejo de acciones y rectificaciones.
Importa decir desde ahora que mucho de lo que los particulares hagan con las decisiones jurídicas del gobierno, no necesariamente será producto de su egoísmo o su baja condición moral. Al existir normas que imponen obligaciones y generan responsabilidades, cada cual verá cómo las cumple o las evita. Ver las cosas así, nos advierte de la complejidad del proceso en el que apenas nos estamos insertando. Espero que el gobierno así lo entienda y no se realice el viejo refrán que le da título a esta colaboración. Sería lamentable, en efecto, que el caldo, socialmente hablando, saliera más caro que las albóndigas. La frase no es chusca. Por el contrario, señala lo mucho que las autoridades tienen que pensar sus pasos. Ya que fue mencionado por él, convendría recordarle al Presidente que antes de un Roosevelt hubo un Hoover y que el primero llegó, en mucho, a enmendar las malas decisiones del segundo.
Ministro en retiro. @JRCossio
