A poco de concluidas las recientes elecciones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que Rogelio Ramírez de la O sería su nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, y que Arturo Herrera pasaría a ocupar la gubernatura del Banco de México. Más allá de la importancia de la información y de lo que diversos sectores políticos y económicos estimaron adecuado, conviene recordar que, desde hace ya tiempo, el nombramiento del representante de esos cargos no le compete en exclusiva al presidente. Por el contrario, la actualización válida de ambos requiere de la colaboración de otros cuerpos legislativos.
Por lo que hace al secretario de Hacienda, a partir del 1 de diciembre del 2018, la propuesta presidencial requiere la aprobación de la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que en el artículo 78 constitucional se habla de la aprobación por la Comisión Permanente, es preciso distinguir entre la ratificación del señalado secretario y la de los llamados “empleados superiores de hacienda”. Respecto de estos últimos, sí es posible que el órgano existente para los recesos lo haga, pero no para el secretario. Ello lleva a un problema interesante. O se convoca a un periodo extraordinario de sesiones para lograr este propósito, o se espera a que el Congreso inicie sus sesiones el 1° de septiembre. Si es lo primero, conviene recordar que Morena y sus aliados solo cuentan con 24 votos en la Comisión Permanente, lo que no es suficiente para lograr las dos terceras partes para convocar a sesiones extraordinarias. Si, por el contrario, se busca esperar hasta el inicio del periodo ordinario de sesiones, habrán pasado prácticamente tres meses con los anuncios hechos y los nombramientos no realizados.
En lo que corresponde al gobernador del Banco de México, las complicaciones constitucionales son distintas. La ratificación del nombramiento hecho por el presidente puede llevarse a cabo tanto por el Senado como por la Comisión Permanente. Sin embargo, el nombramiento del actual gobernador termina a finales de este año y el designado tendría que esperar a que ello suceda para relevarlo legítimamente. Si, por el contrario, el Presidente quisiera desde ahora someter el nombramiento a la Comisión Permanente –o quisiera hacerlo inmediatamente después del inicio del periodo ordinario—, tendría que contar con la renuncia de Herrera y, ante la dificultad de nombrar a Ramírez, dejar la Secretaría en manos del subsecretario del ramo, o abrir la curiosa situación de mantener a un secretario en el ejercicio de sus funciones a sabiendas que en enero pasará a ejercer las de carácter bancario.
Supongo que lo que el presidente de la República quiso hacer al anunciar el nombre de las dos personas que a él le gustaría que ocuparan los cargos señalados, fue tranquilizar a los mercados o, al menos, mandar ciertas señales de orden y prospectiva. Sin embargo, al no considerar con total pulcritud los tiempos y las formas constitucionales, lo que posiblemente logrará en las semanas por venir es incertidumbre. Por una parte, porque los salientes titulares de la Secretaría de Hacienda y la gubernatura del Banco de México no terminan de irse; también, por que los propuestos nuevos titulares, tampoco acaban de asumir sus funciones. Se abrió un lapso largo, con ciertas incertidumbres, justo en el momento en el que han de tomarse buena parte de las decisiones económicas y financieras para el ejercicio 2022, como son el presupuesto de egresos o la ley de ingresos, por ejemplo. Con independencia de que se nos diga que todo estaba fríamente calculado, los días por venir nos dirán si ello fue así.
Ministro en retiro.
Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio
