Más allá de los riesgos para la democracia y la división de poderes, así como las violaciones al sistema interamericano de derechos humanos, la propuesta de reforma judicial conlleva enormes retos operativos. Advertidos de ellos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Legislatura que acaba de concluir dividieron en dos partes la renovación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La primera será la elección extraordinaria por celebrarse en 2025 y la otra la elección federal ordinaria del 2027.
Advertidos del poco tiempo existente entre la aprobación de las reformas y la primera elección, los integrantes de esa Comisión decidieron incurrir, voluntaria y conscientemente, en la vergüenza parlamentaria. Para permitir la elección decidida por López Obrador, delegaron sus atribuciones legislativas en un órgano carente de la legitimidad representativa del Congreso de la Unión.
En el artículo segundo transitorio del dictamen, el Congreso de la Unión cede sus facultades al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para emitir los acuerdos necesarios con la finalidad de organizar, desarrollar, computar, vigilar y fiscalizar el proceso del 2025. Este grave paso y peor precedente significa que, ante la imposibilidad de emitir las leyes que les corresponde dentro de los plazos que el presidente les impuso, los legisladores claudicarán de sus competencias constitucionales.
Además de esta grave entrega, los legisladores electos quieren incurrir en otro acto tan o más vergonzoso. Pretenden que sus propios consejeros y los de los partidos políticos no participen en el Consejo General del INE en nada que tenga que ver con las acciones, actividades y sesiones relacionadas con el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2025 para elegir a los ministros de la Suprema Corte, a la mitad de los juzgadores federales y a los integrantes del muy fascista tribunal de disciplina judicial.
Los legisladores salientes y los entrantes están a punto de incurrir en uno de los más tristes episodios de nuestra de por sí triste historia parlamentaria. Estamos asistiendo al forzamiento de los contenidos constitucionales para que un órgano constitucional autónomo se sustituya en las facultades legislativas del Congreso de la Unión; para que sea mediante acuerdos —y no mediante leyes— como se realice uno de los procesos jurídicos más complejos y sensibles de nuestra historia; para que los representantes populares queden excluidos del órgano deliberativo que habrá de dictar los acuerdos; para que los representantes de los partidos políticos sean silenciados de los espacios deliberativos que la Constitución les garantiza; para que las decisiones del INE no puedan impugnarse al tener el carácter de acuerdos y no de leyes. El artículo segundo transitorio que busca aprobarse muestra el tamaño de las ambiciones o de las necesidades psicológicas de quienes, teniendo voluntad y juicio, han decidido ofrendarlos a su líder. Si los diputados y senadores se tomaran unos minutos para reconocer su propio carácter de representantes populares y asumieran que lo son por derecho propio y que los tiempos presidenciales no son los congresionales, tal vez se darían cuenta del enorme error en el que van a incurrir. De la triste condición en la que van a colocarse y quedar colocados por el simple hecho de no querer asumirse como titulares por derecho propio de la muy importante función legislativa establecida en la Constitución.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
