Es 1985 y México está emprendiendo una serie de reformas que impulsarán la apertura económica y política del país. En lo económico, se estabilizaron los precios y la crisis de la deuda, se firmó el TLCAN y se reanudó el crecimiento de la economía. El auge político, la máxima apertura, vino después como un reflejo de las reformas económicas y de la construcción de instituciones: la alternancia en el poder presidencial. A casi 40 años de haberse iniciado, el camino de la transformación económica se ha interrumpido más de una vez y esos tropiezos se pueden ver en los resultados de crecimiento y desarrollo.
El esfuerzo económico al inicio del milenio iba encaminado a mejorar la productividad, que es la capacidad de crear valor a partir de los recursos disponibles. Con productividad creciente, el crecimiento es sostenido y solo así se logra desarrollo. Una vez estabilizadas las finanzas públicas, la transformación económica debía continuar la apertura eliminando la regulación excesiva y desincorporando del gobierno los activos ineficientes. Nada de esto hubiera sido posible sin la construcción de un marco institucional conducente a mejorar la productividad del país. Este proceso era necesario para firmar el TLCAN, nuestra competitividad debía converger con la de nuestros socios para que no sucediera lo que pasa hoy: Estados Unidos y Canadá crecen aprovechando, entre otras cosas, las ventajas del Tratado, mientras México se queda rezagado.
Del andamiaje institucional dependerá qué tan buena o ineficiente sea la relación de las empresas con el mercado laboral, con los trabajadores, y con el gobierno. De estas relaciones se desprenden otras variables que terminarán por impactar la productividad: inversión, empleo, asignación de recursos, etc. Dado el papel de facilitadores que juegan los órganos o instituciones es que su naturaleza debe basarse en la independencia y, en algunos casos, en la autonomía. Conocer el costo monetario que tiene cualquier institución pública es fácil, basta con revisar el presupuesto. Lo complejo es estimar el beneficio para el desarrollo de México, su impacto en la vida de las y los mexicanos.
El propósito de las instituciones construidas está en los principales detonadores de la productividad: innovación, capital humano, infraestructura, competencia económica, plena competencia electoral y certeza jurídica. El INEGI (creado en 1983) y el CONEVAL (creado en 2005) nos permiten conocer, con datos reales, la situación en la que se encuentra el país, desde el impacto de un programa social, hasta saber si estamos o no en recesión. La Cofece (1993) beneficia directamente al consumidor, velando por mercados competitivos; con ella hay órganos más técnicos como la CRE (1993) en el sector energético, o el IFT (2013) en materia de telecomunicaciones. Condiciones de competencia igualmente necesarias para aprovechar el tan anhelado nearshoring: menores costos energéticos y mayor digitalización, por ejemplo. El mayor árbitro electoral del país también se creó en esta ola de reformas que se dieron de 1985 a 2013. El INE ha dado validez y certeza a todos los procesos electorales legales desde su creación en 1990 (entonces IFE) hasta los más recientes en 2018 y 2024.
El Estado de Derecho no puede entenderse sin el andamiaje institucional. El México moderno fue un México de instituciones hasta hace unos meses. Centralizar las funciones de los órganos autónomos en el Ejecutivo es contrario a su naturaleza. Amenazar la independencia de las instituciones y la falta de certeza jurídica crean un entorno económico incierto, perfecto para continuar la desinversión. Es claro que la apertura política y económica ya no son parte de la agenda gubernamental. Reconstruir las instituciones será la única vía mediante la cual podremos retomar la productividad creciente, reanudar el crecimiento económico y saldar la deuda con el desarrollo de las y los mexicanos.
@JosePabloVinasM
