El pasado 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra en la costa de Guerrero, causando daños irreparables. Dentro de todo lo que se ha dicho sobre la tragedia, veo una grave confusión entre el inicio del desastre y lo ocasionado por el huracán. Otis no es más que la causa material. La verdadera causa eficiente del desastre en Guerrero comenzó en 2021 con la desaparición del Fonden (y otros 100 fideicomisos).
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era un fideicomiso creado en 1996 con el fin de procurar la disponibilidad inmediata de recursos financieros para atender los efectos de desastres naturales en el país. Se diseñó enfocado en las dos principales dimensiones de los desastres: la emergencia inmediata, atención a población afectada principalmente; y reconstrucción de las zonas dañadas. Una vez desaparecidos los fideicomisos por iniciativa presidencial, en 2021, más de $30,000 MDP fueron reasignados a obras como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
Luego de revisar los daños que Otis dejó en la carretera hacia Acapulco (un deslave que no permitía llegar por tierra), la respuesta del Gobierno Federal, ante la ausencia del gobierno de Guerrero, ha sido decir: “no habrá límites para apoyar a los damnificados”. Esto es hasta cierto punto preocupante pues, además de politizar la situación, poquísimas cosas hay tan lejanas de la realidad como pensar que los recursos del gobierno son ilimitados (más aún en vísperas de elecciones).
Los recursos de los que se presume están en un fondo que, irónicamente, también se llama Fonden. Solo que hay cuatro diferencias significativas entre el fondo Fonden y el extinto fideicomiso Fonden: estructura legal, administración, temporalidad y cantidad de recursos.
Un fideicomiso es una estructura legal para administrar activos estableciendo condiciones para su uso. El fideicomiso Fonden, que dependía del Sistema Nacional de Protección Civil, reconocía las declaratorias de emergencia para disponer de los recursos. Estados, municipios, Segob y la Presidencia de la República podían emitir las declaratorias a fin de disponer de los recursos, además, las entidades afectadas recibían víveres, medicamentos, agua y otros servicios para atender la emergencia inmediata. Ahora, todo depende de que la SHCP transfiera los recursos y su administración quedará a cargo de quien vaya a ejecutar el plan, el ejército la mayoría de las veces.
La cuestión central sobre la temporalidad es el uso multianual de los recursos. La multianualidad permitía que, luego de atender la emergencia inmediata, se pudiera planificar la reconstrucción, empleando los recursos necesarios. Ahora, los recursos solo pueden usarse durante el año presupuestal en curso. Si se necesitan más recursos para la reconstrucción, el proceso de solicitud y aprobación debe iniciarse otra vez.
Sobre la cantidad de recursos disponibles, es pertinente resaltar que estos dependen completamente de la SHCP. A principios de 2023, el fondo tenía alrededor de 17,000 MDP. Al eliminarse las reglas de operación que blindaban el fideicomiso, Hacienda tiene todo el derecho de ejercer sus facultades y cubrir los gastos imprevistos en el Presupuesto con estos recursos, por lo que muy probablemente hay menos recursos disponibles para Guerrero.
Más allá de criticar el manejo de las Finanzas Públicas, me mantengo más positivo que normativo y hago un llamado a mejorar la respuesta gubernamental a tan precaria situación. La eliminación de los fideicomisos, el desastre que enfrentan y la tormenta financiera que viene para nuestras hermanas y hermanos de Guerrero muestran la importancia de reflejar, en cada decisión de política pública, que el sujeto central de la economía no son los porcentajes, el dinero, ni ninguna otra cifra, son las personas.
@JosePabloVinasM
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