México inició una etapa nueva en el desarrollo de su democracia durante los últimos 30 años. Sin duda el camino recorrido es todavía más largo que eso y no se hubiera podido realizar sin los cambios acumulados a partir de los años 60 que incluyeron: movimientos sociales, la puesta en marcha de distintas reformas políticas y electorales, la voluntad de actores relevantes, el acuerdo de distintas fuerzas políticas y el apoyo de la sociedad. Igualmente, la participación de la ciudadanía imparcial en la instalación de las casillas, su cuidado y el conteo de los votos. Y por supuesto el desarrollo del INE y del Tribunal Electoral.
Los resultados del trabajo de muchos personajes, iniciando por el del maestro José Woldenberg, no deben olvidarse y el esfuerzo de muchos tampoco regatearse. En las últimas cuatro elecciones presidenciales hemos atestiguado el fin de un régimen de partido dominante y la alternancia de tres partidos de signos diferentes sin consecuencia alguna. Hemos constatado la organización de muchas jornadas electorales que transcurrieron en paz y fueron ejemplares, que tuvieron certidumbre en el proceso y resultados oportunos y creíbles, árbitros confiables y observadores nacionales e internacionales, en las que se eligieron a decenas de miles de servidores públicos de entre veintenas de miles de candidatos. En particular hemos conocido el esfuerzo de millones de ciudadanos al participar en los procesos.
Por todo eso y muchas cosas más, debemos preguntarnos si acaso México requiere de una reforma política y electoral en este momento. Si se ha cumplido con las etapas previas de un proceso fundamental en la vida política y democrática del país. Si en verdad al país le urge cambiar a los organizadores y a los jueces del proceso. Si se requieren nuevas y por cierto aún desconocidas reglas para normar la conducta de candidatos y partidos antes y durante el proceso, junto con fuentes de financiamiento posiblemente distintas a las actuales, con topes de campaña y mecanismos de control y comprobación de gastos diferentes a los que prevalecen.
Todo eso cuando faltan solo 300 días para que inicie el proceso que deberá conducir a una renovación mayúscula, la del titular del Poder Ejecutivo, la del Congreso Federal, la de nueve gobernadores, 27 congresos estatales y 1,600 alcaldías. La respuesta a las interrogantes es clara, no sólo no es necesario hacerlo, es absurdo e inconveniente. A quien le urge hacerlo es a uno, al presidente López Obrador y él sabrá la razón. Los legisladores deben entender que se trata de una trampa que pone en riesgo la democracia, las libertades y la propia elección. La nueva legislación tendría que estar lista a más tardar en mayo próximo y la nueva estructura y la definición de organizadores y jueces en agosto. ¡La elección presidencial peligra!
Es lamentable “ver” la ausencia y “oír” el silencio de muchos que se convierten en cómplices de una canallada. De algunos supuestos opositores, de magistrados y ministros ausentes, de integrantes de la clase política y de titulares de instituciones con autoridad moral, que prefieren congraciarse en su ausencia con “el señor”, antes que cumplir con la República. Por eso es necesario que los ciudadanos despertemos, que nos pronunciemos y exijamos el retiro de la iniciativa. Es indispensable que el próximo domingo, el 13 de noviembre, marchemos para defender nuestra libertad y sostener la democracia. Democracia que es nuestra, de los ciudadanos, y no de ellos, del presidente, los partidos o los legisladores. Salgamos, marchemos y exijamos. De eso depende el futuro del país. ¡Seamos generosos con la Patria!
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@JoseNarroR