Tomo prestada, porque no es mía, la frase que intitula este artículo. La uso porque al gobierno del presidente López Obrador le resta poco más de un año y ocho meses para concluir su encargo y debería escribir un buen final de su gobierno que va más allá del proceso electoral. Él y sus colaboradores deben entender que los cargos públicos siempre tienen fecha de caducidad. El primer día de octubre del próximo año, se habrá dado el relevo y el ambiente con el que inicia el último tramo de la gestión no es el pertinente. En ello el presidente tiene responsabilidad.
Sobran los problemas y se hace más profunda y amplia la polarización que se orquesta sistemáticamente desde la presidencia. Se renuevan compromisos imposibles de cumplir, como el de nuestro sistema de salud que el 31 de diciembre próximo, será “mejor que el de Dinamarca”. Algunos aspirantes a la Presidencia de la República siguen en campaña y, sin pudor alguno, violan la ley y desatienden sus responsabilidades. Se insulta y se denigra cotidianamente a quienes pensamos diferente y nos atrevemos a decirlo. Se descalifica a instituciones fundamentales para la vida del país, debido a que ejercen su autonomía y no siguen el mandato de la jungla. La militarización, ofensiva en un régimen democrático, sigue adelante. Todos los días se lastima a las instituciones, incluida la presidencial.
He escrito muchas veces que mi mayor preocupación, por arriba de los grandes problemas de siempre de la sociedad, es la división que, acentuada en estos últimos cuatro años y generada y alentada como señalé, tiene el perverso efecto de ocasionar una respuesta no solo de “rebote”, ya que divide a muchos más. Un caso reciente es el del plagio de la tesis de la ministra Esquivel. Indebidamente el presidente ataca, una vez más, a la Universidad de la Nación y a su rector, por no haber fijado una sanción a la ministra. De inmediato se genera una reacción entre los que se expresaron en contra del plagio y que exigen castigo. Se explica que la normatividad de la UNAM no permite, por ejemplo, retirarle el título profesional que obtuvo hace tres décadas y media y se acusa de tibieza.
En un país donde uno de sus problemas mayores es la falta de apego al Estado de Derecho, se pide que se violente el mismo para satisfacer, no necesariamente la conveniencia de impartir justicia, pero sí la de tomar revancha. El propio presidente, que no quiere que su gobierno sea el que sancione el acto, arremete contra la institución y el rector. Se trata de actitudes equivocadas. Hay que valorar justamente la actuación de la universidad. La UNAM no cuenta hoy con alguna forma legal de enfrentar una situación como la que nos ocupa. Seguramente muchas cosas deberán cambiar para subsanar las insuficiencias y para evitar la ocurrencia de estos casos.
Me indigna y preocupa que el presidente, en su arremetida colérica, haya hecho de nuevo señalamientos injuriosos y ligeros contra el rector. Él no los merece y la actitud solo refleja su intolerancia y autoritarismo, su incapacidad para aceptar al diferente y para entender el valor de la pluralidad. Traduce su animosidad contra las autonomías y, sumada esta molestia a muchas actitudes previas, también su decisión de intervenir en los asuntos internos de la institución. El presidente no debe escribir un final de su gestión enfrentado a la Universidad de México, a su comunidad, a su rector y entrometiéndose en sus procesos internos.
Ex Rector de la UNAM
