Entre los argumentos ofrecidos por el presidente la semana anterior, comento dos. El primero se refiere a que pasaremos a una fase superior de la “austeridad republicana”: “la pobreza franciscana”. ¡Vaya ocurrencia! En todo caso se trata de una fase inferior, indeseable por supuesto y que refleja la incapacidad gubernamental para obtener los recursos que se requieren; para fijar las verdaderas prioridades del país, y por supuesto para aplicar, correctamente, los siempre escasos recursos a la solución de los problemas de la sociedad. Ninguna de las tres premisas se cumple en este caso: no se obtiene el financiamiento requerido, no hay evidencia de que se tengan claras las prioridades del país y menos que las acciones seleccionadas resuelvan nuestros problemas ancestrales. La salud, la educación, el empleo y la seguridad son parte de nuestros retos mayores y en todos se ha empeorado en los últimos tres años y medio. No hay nada que celebrar. La realidad demuestra que hay menos salud, peor educación, menos creación de empleo y mayor violencia e inseguridad. Todos los indicadores objetivos así lo muestran.
En el segundo argumento se acierta: “hay que darle más al pueblo”. En efecto, nuestra sociedad, toda, requiere de mejores servicios de salud y de educación; de mayores oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades individuales y colectivas; de la generación de las condiciones para contar con más empleo, con puestos con mejor ingreso y con las prestaciones requeridas; además se necesita tener una política exitosa que nos permita vivir en un Estado de Derecho, sin impunidad ni corrupción, sin violencia y en libertad, con cuerpos policiales profesionales y civiles. Una política que se desdoble en acciones que sometan al crimen organizado, respeten los derechos humanos y estimulen el desarrollo de un sistema de justicia pertinente. Por supuesto que hoy estamos más lejos de alcanzar todo ello que en diciembre de 2018. Cómo no vamos a estarlo si en el limitado presupuesto federal los recursos se han dirigido, entre otros, al pago de la anulación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del “Felipe Ángeles”; a la edificación de una refinería sin destino y utilidad ciertas, y a la puesta en marcha del “Tren Maya”.
Por todo lo anterior, entre muchos otros argumentos, estoy convencido que el ingeniero Cárdenas acierta cuando llama la atención sobre la necesidad de que el país cuente con rumbo, con un verdadero proyecto de nación. A México le urge la definición de la ruta de su desarrollo. Esta es una tarea urgente. Veamos los tiempos políticos. En quince meses comenzará el proceso electoral federal de 2024 y en 20 habrá iniciado la campaña presidencial. Aún más, en dos años ya habremos ido a votar y se conocerán los resultados iniciales del proceso y al candidato triunfador en los comicios. Los partidos deberán hacer su tarea y una de sus responsabilidades será presentar propuestas para mejorar. Las alianzas se deben articular en torno a ese proyecto. El compromiso no debe ser solo electoral. Tiene que alcanzar lo legislativo y ser el programa de gobierno 2024-2030, pero incluso tiene que superar ese sexenio y apuntar al medio siglo. Es lo mínimo que debemos hacer. A nuestros hijos y nietos, a las próximas generaciones les urge un acto de responsabilidad. Ya veremos si sabemos estar a la altura del desafío.
Twitter: @JoseNarroR
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