Con esta entrega concluye una serie de artículos sobre las lamentables condiciones de salud de nuestra población. Lo más doloroso es que, las decisiones equivocadas, las omisiones y las conductas fuera de la ética fundamental que se deben al secretario Alcocer y al subsecretario López-Gatell, han generado cientos de miles de muertes que pudieron evitarse y millones de horas de dolor y pena para numerosas familias.
El desabasto; la pérdida de cuatro años de esperanza de vida; el desorden en la rectoría del sistema; las ofensas reiteradas dirigidas a los trabajadores de la salud; la “importación” de médicos extranjeros; el fraude cometido con la formación de médicos en 20 planteles de las universidades del bienestar “Benito Juárez”; el deterioro de la investigación en salud; la ocurrencia de la “superfarmacia con todos los medicamentos de todos los países”; la disminución en la vacunación de niñas y niños; el incremento sustancial de las muertes violentas en particular entre los jóvenes serán, entre otros, parte de los espectros que perseguirán a las autoridades.
Este es el gobierno de los últimos 50 años que más ha afectado a los programas y servicios públicos de salud. Sus acciones han favorecido la ampliación de tareas de las unidades del sector privado, incluidos los consultorios adyacentes a las farmacias. Los grupos más afectados como se verá en seguida han sido los integrantes del decil más pobre y la población rural de nuestro país.
La carencia por acceso a los servicios de salud, de acuerdo con el Coneval, que entre los más pobres afectaba en 2018 al 16.8 por ciento, se incrementó cuatro veces y alcanzó, en 2022, al 66.8 por ciento, mientras que en esos mismos años en el decil con más solvencia las cifras fueron respectivamente de 13.8 y de 18.2 por ciento. Por su parte, las cifras del medio rural también son contundentes. El porcentaje de personas con problemas de acceso pasó de 13.7 por ciento en 2018, a 54.8 en 2022, es decir un incremento de 41 puntos porcentuales, lo que representó que el número de personas afectadas pasara de 4.2 a 17.4 millones. Lo mismo sucedió con el tema de los gastos catastróficos.
Esos datos se reflejaron en la diminución del uso de los servicios públicos en unidades de la Secretaría de Salud que, en el medio rural, registró un decremento importante. Por ejemplo, la proporción de población rural que usó en 2018 los centros de salud fue de 31.4 por ciento, mientras que cuatro años después la cifra alcanzada fue de solo 21.8, en tanto que el uso de los consultorios adyacentes a farmacias aumentó en casi seis puntos porcentuales al pasar de 13.3 a 19.2 por ciento. Lo mismo pasó con los hospitales de la Secretaría de Salud que registraron una disminución cercana al 44 por ciento al pasar de 9.6 a 5.4 por ciento, mientras que la utilización de hospitales privados se incrementó casi 30 por ciento al registrar cifras de 29.8 y 38.4 por ciento.
La conclusión del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno de la República difícilmente puede ser más contundente ya que señala: “Es posible identificar que el cambio institucional de Seguro Popular al Insabi, ha vulnerado en mayor medida a este grupo de población (el rural) frente a sus necesidades de salud, lo que coincide con el aumento en el uso de servicios médicos privados para la atención médica.” Se les anticipó: la soberbia les ganó y la gente más necesitada pagó las consecuencias.