La semana pasada asistí a un simposio de bioética de la Academia Nacional de Medicina. Ahí dije que la conducción de los asuntos de salud por las autoridades federales no ha sido, para nada, la pertinente. Comenté que los resultados que se han alcanzado son el reflejo de no cumplir adecuadamente con sus tareas y que su actuación ha ocasionado, entre muchas cosas, más de 800 mil muertes en exceso, y la pérdida de cuatro años en la esperanza de vida de nuestra población y múltiples secuelas.
Referí que se ha despreciado el valor de la verdad y se ha mentido reiteradamente, que se han despreciado las decisiones colegiadas, la ayuda de los expertos y hecho a un lado la ciencia; además de que en la conducta de los funcionarios se impulsó la soberbia. Los datos y argumentos que se presentan enseguida y los que se ofrecerán en la siguiente entrega, muestran que lo anterior, por desgracia es cierto. Que este es un gobierno de “mentiras y de mentirosos”. Que sus decisiones han debilitado a las instituciones públicas y que la población se ha visto en la necesidad de buscar solución a sus problemas en el sector privado, además de que los sectores de población más afectados han sido los más pobres y los del medio rural.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Coneval, al comparar el número de personas atendidas en 2018 y 2022 en los centros de salud de la Secretaría de Salud y en sus hospitales e institutos, se registró una reducción de 37 y de 42 por ciento, con una disminución combinada de poco más de 4 millones 72 mil personas.
Por su parte, las atenciones brindadas en los consultorios adyacentes a farmacias se incrementaron casi 47 por ciento y las de los consultorios y hospitales particulares en cerca de 35 por ciento, con un aumento de más de 8 millones y medio de personas atendidas. Al revisar los datos de las atenciones brindadas por todas las instituciones públicas y privadas, se puede identificar que, mientras en 2018 en las instituciones públicas se atendió al 51 por ciento y en las privadas al 49 por ciento restante, cuatro años después las cifras fueron de 37.7 en las públicas y 62.3 en las privadas.
Hace dos semanas se comentó el aumento de la carencia por acceso a los servicios de salud que ascendió a más de 30 millones de personas al pasar de 20.1 millones en 2018 a 50.4 en 2022. En lugar de reconocer sus errores, sus omisiones y su actuación absolutamente descuidada, las autoridades de salud y el propio presidente de la República tratan de encontrar justificaciones en la pregunta de la encuesta del Inegi que, por supuesto es la misma de la de 2020, y salvo la incorporación del Insabi, igual a la de 2018. De igual manera intentar responsabilizar de esta situación a la credencialización del Seguro Popular y a otras situaciones que evidentemente no responden a la realidad.
Lo cierto es que la responsabilidad recae principalmente en las autoridades. Sus decisiones, omisiones y ocurrencias, han generado muerte, dolor, falta de atención, desabasto, e incluso desánimo, crispación y enfrentamientos. La verdad es que el retroceso en salud es enorme. En agosto de 2019 seis exsecretarios federales de salud señalamos que la desaparición improvisada del Seguro Popular sería un “error crucial” y así sucedió. No escucharon y se agudizó una situación que con toda claridad se anticipaba como inconveniente.
