Los saldos de este gobierno son terribles y no van a mejorar. En casi todos los espacios, lo que existe es deterioro respecto de lo que se había alcanzado hace apenas cinco años. ¡Claro que había problemas! ¡Por supuesto que las cosas no estaban bien! Y sin embargo, hoy están peor. Son muchos los campos afectados y sobran datos y argumentos para demostrarlo. Nadie debe alegrarse por ello y por supuesto que las cosas deben cambiar. Para conseguirlo, al votar el próximo año deberemos seleccionar el proyecto de país que queremos para todos y también para las próximas generaciones.
A la absurda polarización promovida por el presidente, se suman muchas otras afectaciones. En lo político vivimos un autoritarismo espantoso y las instituciones han sido vulneradas. En materia de defensa de los derechos humanos y protección de nuestras libertades, hemos retrocedido ostensiblemente. La transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la impunidad, o no importan o han fracasado. Por supuesto en lo económico y lo social lo que tenemos son pasos hacia atrás. La lucha contra la pobreza la perdió el gobierno y el desastre en el sector salud es mayúsculo. Su mal manejo causó cientos de miles de muertes que pudieron evitarse.
La educación, en todos los niveles es otro doloroso caso de incapacidad y uno más de los desastres. Las consecuencias nos acompañarán por mucho tiempo. Es terrible porque la educación, como lo he escrito “…es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades.” La educación genera bienestar y desarrollo económico; combate la desigualdad y estimula la movilidad social; amplía las oportunidades a los jóvenes, promueve los valores cívicos y forma ciudadanía; fortalece la democracia e impulsa la ciencia y la creatividad.
A México le urge un debate amplio para acordar los principios filosóficos, éticos, científicos, sociales y pedagógicos que nos permitan contar con un proyecto educativo para el siglo XXI y hacer realidad el derecho a la educación de calidad para todos. Se requiere trabajar para eliminar el analfabetismo que afecta a cuatro millones y medio de personas de 15 años y más. Deberíamos haber conseguido, en este gobierno, cumplir el ordenamiento constitucional que obliga a tener cobertura universal en la educación media superior; en lugar de ello, nos alejamos de la meta. Con los datos de Coneval, se muestra que entre 2018 y 2020 el número de personas en rezago educativo se incrementó en un millón, en tanto que en las comparaciones internacionales hay poco que presumir y mucho que lamentar.
Cómo no habríamos de tener este panorama, si para dirigir el proyecto se optó por la lealtad y no por los conocedores; si se ha preferido utilizar a la educación como parte de la lucha política e ideológica y no como el bien público y social que representa uno de los mayores avances éticos de la historia; si los libros de texto y los planes y programas se elaboran en lo oscurito y solo con la participación de camaradas que resultan alérgicos a la pluralidad. Cómo podríamos esperar resultados alentadores si se ataca a la UNAM o el CIDE y se persigue a investigadores distinguidos; si se menosprecia la cultura, se pretende someter a las universidades públicas autónomas, se intenta restringir la libertad de investigación y se miente descarada y cínicamente todas las mañanas en Palacio Nacional. Y, sin embargo, serán derrotados por la inteligencia y la verdadera honestidad.