Tras los comicios legislativos del pasado domingo en Venezuela, en los que el chavismo arrasó en una contienda signada por la abstención y se vanaglorió de que pintó de “rojo rojito” a la Asamblea Nacional (AN), el oficialismo subió un nuevo escaño en su empeño de lograr la meta de monopolizar hasta el último rincón del poder venezolano.
Aun con el reiterado repudio interno y externo a la jornada electoral dominical, el pronóstico se cumplió y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, coalición encabezada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó, recuperará el control parlamentario a partir del próximo 5 de enero y sacará a la oposición del debate legislativo. Una facción opositora entró al juego oficialista y tendrá mínima presencia parlamentaria, como aparente adversaria.
“Viene una situación institucional más caótica y muy dura para la oposición y el país”, pronosticó el politólogo venezolano Fidel Canelón, profesor de Teoría Política de la (estatal) Universidad Central de Venezuela. “El gobierno formará la Asamblea con una oposición hecha a su medida. La verdadera oposición mantendrá su espacio de Asamblea legítima con la ‘continuidad administrativa’. Se vuelve a instituciones paralelas con dos asambleas. La AN opositora tendrá más dificultades para funcionar”, dijo a EL UNIVERSAL.
Con su victoria para reasumir el timón de la AN, tras perderlo desde el 5 de enero de 2016 al ser derrotada por la oposición en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, la maquinaria chavista amplió la subordinación institucional a sus reglas partidistas.
Con el mando consumado en los Poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Legislativo, y en las estructuras militares, policiales, paramilitares y parapoliciales, el cuestionado régimen gobernante en Venezuela reafirmó el creciente sometimiento a sus designios de las instituciones del país, hundido en la peor crisis de su historia.
El chavismo domina 19 de las 23 gobernaciones de los estados y 305 de las 335 alcaldías. De los 251 escaños legislativos de los parlamentos regionales, 227 son del oficialismo, mientras que nueve de cada 10 concejales o munícipes son leales al régimen.
Al festejar el triunfo electoral para lograr que, desde el 5 de enero de 2021 y por cinco años, la AN será “de rojo rojito”—vieja proclama del proceso socialista instalado en Venezuela en 1999—, el cuestionado presidente Maduro, catalogó el resultado como “gran victoria de la democracia”.
Arrinconadas por la avalancha oficialista, las fragmentadas organizaciones antichavistas, que se negaron a participar en la jornada del domingo y alimentaron el abstencionismo, iniciaron ayer una consulta popular.
Prevista para que concluya el próximo sábado, la consulta buscará convertirse en una vía para legitimar el rechazo a las elecciones del domingo, consideradas como fraudulentas e ilegítimas por la Unión Europea y numerosos gobiernos americanos. “Hay una increíble participación” en la consulta, anunció el presidente encargado o interino de Venezuela, Juan Guaidó, empeñado en rediseñar la arquitectura política interna para prolongar su gestión legislativa y su interinato.
Guaidó y la oposición enfrentarán los plazos fatales del almanaque. Guaidó dejará de ser diputado el 5 de enero de 2021, ya que ese día vence el mandato para el que fue electo en 2015. Escogido el 5 de enero de 2019 como presidente de la AN, Guaidó se basó en artículos constitucionales para juramentarse, el 23 de ese mes, como interino al aducir que Maduro se reeligió el 21 de mayo de 2018 en comicios ilícitos.
Con el apoyo de más de medio centenar de gobiernos, Guaidó desconoció a Maduro, prometió acabar con la usurpación del Ejecutivo, encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres y transparentes. Los compromisos están pendientes de cumplir… y el calendario avanza.
