México enfrenta un momento complejo a nivel político, social y económico. Los cambios aprobados recientemente por el Congreso de la Unión, como la reforma al Poder Judicial, así como el avance en comisiones de la Cámara de Diputados para la posible eliminación de siete organismos constitucionales autónomos, sumado a la aprobación de la sobrerrepresentación de legisladores de la alianza encabezada por el partido Morena en la legislatura que recién tomó protesta en el Congreso de la Unión, generan un escenario de riesgo para el presente y futuro del país.
Sin duda, es claro que una reforma al Poder Judicial era necesaria. Sin embargo, las formas en que actuó el partido mayoritario en los Poderes Ejecutivo y Legislativo no fueron democráticas, pues se negaron a abrir el diálogo, no permitieron propuestas de ningún sector ni de los propios legisladores de oposición, no dialogaron con los estudiantes ni con los trabajadores del Poder Judicial, y tampoco aceptaron que, para lograr una reforma que realmente mejore el acceso a la justicia y el proceso de impartición, se deben contemplar más elementos, como modificar las fiscalías y revisar los poderes estatales. Solo se enfocaron en que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, en reducir el número de ministros de la Corte y en desaparecer al Consejo de la Judicatura, entre otras medidas que comprometen su independencia y podrían vulnerarla.
En el caso de los siete organismos constitucionales autónomos que se busca eliminar, concretar su desaparición podría ser muy dañino, pues dichos organismos son producto de luchas ciudadanas históricas para evitar la concentración de poder en México. La alternativa fue asignar a estos entes la defensa de derechos como el derecho a la información y a la protección de datos personales, así como la regulación de sectores económicos, a partir de la independencia constitucional, para que su actuación fuera imparcial, profesional y sin presiones de actores de jerarquía superior. Por lo tanto, eliminarlos de tajo y transferir sus atribuciones a dependencias del Ejecutivo y otras entidades implicaría afectar totalmente su independencia y la garantía de derechos y condiciones justas de competencia económica.
Ante ello, han surgido reacciones de organismos tan relevantes como el Banco Mundial y de socios comerciales como Estados Unidos, quienes han señalado el riesgo que esta decisión implicaría (sumado a lo ya aprobado en materia judicial) para la confianza en invertir en México y para el crecimiento de su relación comercial con el país. El Banco Mundial dijo claramente que el momento actual requiere fortalecer a los organismos que regulan la competencia, no eliminarlos.
Por ello, en COPARMEX consideramos necesario señalar que las formas en que se están tomando decisiones tan importantes no son las adecuadas. Por el contrario, estas decisiones nos ponen en mayor riesgo e incertidumbre, comprometen el futuro económico, político y social de la nación y debilitan nuestra democracia.
Desde el sector empresarial, seguiremos impulsando que se abran espacios de diálogo, que se analice el contexto y que se tomen decisiones considerando todo el impacto que se puede tener, tanto al interior como al exterior de México. Pensamos que aún tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo y construir un país con Desarrollo Inclusivo, pero estamos convencidos de que esto solo se puede lograr si dialogamos, si sumamos esfuerzos y ponemos en el centro la garantía de derechos y libertades para todas las personas, dejando atrás la polarización.
No es tiempo de aumentar riesgos, sino de fomentar más diálogo y colaboración.
Presidente Nacional de COPARMEX
