El 2 de junio del año 2024 se tendrán unas de las elecciones mas grandes e importantes en la historia de nuestro país: se renovará la Presidencia de la República, 8 Gubernaturas y la jefatura de gobierno de la CDMX, 500 Diputados federales y 132 Senadores, 30 Congresos locales, así como Ayuntamientos y 16 Alcaldías; en total, más de 20 mil cargos públicos. Esto, con un padrón electoral con 97.4 millones de electores y una lista nominal de alrededor de 95.5 millones de personas.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy clara en que el proceso electoral inicia en septiembre de 2023, las precampañas en noviembre de ese mismo año para que en cada partido de manera interna se elija a sus candidatos, y las campañas inician en el 2024.
Sin embargo, la realidad es que el proceso electoral inició al día siguiente de las elecciones en el Estado de México y Coahuila.
Prácticamente hemos visto por todos lados como hay actividades y giras electorales, sobre todo para quienes buscan ser candidatos a la presidencia, y como se utilizan medios oficiales y diversos momentos para realizar alusiones electorales.
En Coparmex, consideramos indispensable que se respeten los procedimientos establecidos en la Constitución y en la legislación electoral, así como los lineamientos que emitan el INE y el Tribunal Electoral, y que tanto quienes ejercen algún cargo público y tienen responsabilidades y sanciones específicas, como los partidos políticos y quienes aspiran a alguna candidatura en el próximo proceso electoral, las acaten cabalmente.
Por ello, hacemos un llamado a ambos para que respeten las leyes electorales, respeten a las instituciones y no incurran en violaciones a la ley ni a la Constitución.
A las instituciones electorales, tanto el INE como al Tribunal Electoral les pedimos que no permitan los actos anticipados de campaña ni actos ilegales que afecten la equidad de la contienda, y que, de encontrar irregularidades, emitan las medidas y sanciones correspondientes.
Una tarea para la siguiente legislatura será ampliar los tiempos de los procesos electorales con base en el diálogo y la colaboración, para que estos cambios se puedan probar en las elecciones intermedias del 2027.
Sin duda, pasamos por momentos decisivos para el sistema electoral y para la democracia mexicana que ha costado mucho esfuerzo ciudadano. Las instituciones, gobernantes y partidos y actores políticos deben estar a la altura y comprometerse con fortalecer aún más las instituciones y los procesos electorales confiables y legítimos que tenemos en el país. No podemos dar ningún paso atrás.
Por un proceso electoral 2024 justo, confiable y legítimo, urgimos a respetar la Constitución y la ley electoral.
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