Los recortes al Poder Judicial de la Federación anunciados no son una buena noticia. Tienen tintes de venganza por decisiones que no han agradado al poder. Puede parecer bien acabar con los excesos en el uso de los recursos. Si es solo para eso, yo estaría de acuerdo. No me gusta que haya despilfarros en teléfonos, tabletas y en pago a personas que manejan redes sociales de funcionarios judiciales a costa de mis impuestos. Pero no sabe a eso, sino a un castigo por las resoluciones adoptadas en los últimos meses.
Poner orden en el uso de los recursos es necesario. Sin embargo, eso no debe implicar afectar la administración de justicia. La tarea del Poder Judicial es crucial para que exista paz en el país, pues dirimen controversias. Los recortes pueden limitar su funcionamiento. Eso supondría alejar los tribunales de las personas, hacer que las perronas tengan que gastar en desplazamientos para poder reclamar sus derechos. Implicaría encarecer la justicia de quien pelea por un despido injustificado, una pensión alimenticia, o el campo que trabaja. El costo de una decisión así lo resentirían los más pobres, los que viven en comunidades más alejadas.
No podemos olvidar que casi todos los procesos jurisdiccionales de este país acaban en un amparo, es decir, en el Poder Judicial de la Federación. Por eso, si los recortes llegan a tener el efecto de disminuir el personal judicial, la justicia sería aún más lenta. Si ya de por si hay retrasos, con una sobrecarga éstos serían más grandes. Y una justicia que no se administra a tiempo, no es justicia. Es otra cosa.
La independencia judicial es una premisa fundamental en un estado de derecho. Y una de sus garantías es la estabilidad económica. Esto no supone que haya un manejo anárquico e incontrolado de los recursos públicos que maneja el Poder Judicial. Eso debe acabarse. Lo que implica es que no se quieran controlaras decisiones de los juzgadores con chantajes: si quieres tener tu sueldo, resuelve a mi favor. O, dicho en otras palabras, lo que se quiere evitar es que se diga “no te pago para que me pegues con tus sentencias”.
Hoy la seguridad económica está contemplada en la prohibición de disminuir los salarios de las personas juzgadoras. No hay más. Creo que es momento de pensar en establecer otros mecanismos para evitar presiones y chantajes a quienes imparten justicia por parte de los políticos. Mecanismos bien pensados, que también eviten despilfarros y excesos, como los que existen, y deben corregirse.
