Hace 39 años, un nutrido grupo de mujeres se reunió en Bogotá, Colombia , para celebrar el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe , evento en el que se designó el 25 de noviembre como día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, activistas asesinadas durante la dictadura del dominicano Rafael Trujillo.
Este primer acto masivo de memoria y reconocimiento a la dignidad de las mujeres abrió el camino para que, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y se universalizara este día como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones de todo el mundo se han sumado a este esfuerzo para proteger la integridad y la vida de las mujeres y, en consecuencia, propiciar la igualdad de género en los ámbitos social, público y privado. A partir de estas acciones y acuerdos que trascienden fronteras, la garantía de integridad es una precondición para la igualdad, libertad y dignidad de todas las mujeres.
En los últimos 25 años en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido una institución que ha hecho suya la agenda para hacer efectiva una justicia de paridad de género, en un ambiente político que esté libre de violencia contra las mujeres. Así, en este periodo hemos emitido 12 jurisprudencias, 14 tesis aisladas y cientos de resoluciones que han tutelado de manera efectiva los derechos políticos y sociales de las mujeres en el espacio público. En la actual integración de la Sala Superior hemos resuelto más de 390 asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres, entre los que destacan casos emblemáticos como los vinculados con la restitución en el cargo de las presidentas municipales de Chenalhó y Oxchuc, en el estado de Chiapas, por mencionar solo un par. Todos estos han ayudado a zanjar la brecha histórica de la representación política entre hombres y mujeres, y han generado acciones efectivas para inhibir y eliminar la violencia política por razones de género en determinadas comunidades en que aún persisten estos vicios.
Entre las salvaguardas más importantes que el TEPJF ha instaurado para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales libres de violencia y en condiciones de igualdad se encuentran la obligación de garantizar la paridad de género, tanto horizontal como vertical, en la integración de las listas de candidatos en los que se disputa más de una posición, como es el caso de Ayuntamientos, Congresos locales y el Federal, dirigencias de partidos políticos e integración de órganos electorales. Estas medidas han sido eficaces para hoy contar con la integración de órganos del Estado mexicano que cada vez son más paritario y en donde se reconocen por igual los derechos de las mujeres que participan en la vida pública.
En el TEPJF hemos definido claramente los elementos que deben concurrir para configurar violencia de género en el contexto del debate político, así como hemos señalado que, cuando se acredite la existencia de este tipo de violencia, las autoridades deben brindar medidas de protección inmediatas e idóneas para garantizar el respeto efectivo de los derechos de las mujeres ante situaciones de riesgo. Más aún, en aras de garantizar una plena efectividad a estas medidas de protección hemos estimado razonable prolongarlas hasta en tanto lo requieran las víctimas de violencia por razones de género.
En apego al mandato constitucional de proteger y garantizar la igualdad de todas las personas, el Tribunal ha considerado que la discriminación por preferencia sexual o identidad sexo-genérica es igualmente condenable en la vida y espacios públicos. Por tal razón, ha emitido sentencias – como el caso Muxes – para garantizar que otros colectivos como la comunidad LGBTTTI puedan acceder a las acciones afirmativas en razón de género y, con ello, ejercer sus derechos político-electorales libres de toda violencia o discriminación.
Los esfuerzos del Tribunal Electoral van más allá de los casos específicos de sus sentencias y se han extendido para concretar compromisos interinstitucionales, en el ámbito nacional e internacional, encaminados a erradicar por completo la violencia en contra de las mujeres. Ejemplo de ello es el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres” en cuya elaboración intervinieron, entre otros, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres. El principal objetivo de estos esfuerzos interinstitucionales ha sido construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia en la vida pública nacional.
