Dentro del paquete de las 20 iniciativas de reforma constitucional publicadas el 5 de febrero de este año, el Presidente Andrés Manuel ha propuesto eliminar gran parte de los organismos constitucionales autónomos. Actualmente contamos con 9 organismos autónomos funcionando en nuestro país: el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Fiscalía General de la República. Ahora, el Presiente se propone a eliminar a cuatro de ellos, dejando a salvo solamente al Banco de México, al INE, a la CNDH, al INEGI y a la Fiscalía General.
Resalta que dentro de esta propuesta, el Presidente quiera eliminar al INAI. Hace unos días, López Obrador reveló los datos personales de una periodista del New York Times que buscó obtener sus comentarios sobre una investigación relativa a nexos con el narcotráfico de personas allegadas a él. En uno de los países más peligrosos para ser periodista, el más alto mandatario vulneró en una conferencia de prensa oficial los derechos a la protección de datos personales. En respuesta, el INAI dio a conocer que abrió una investigación de oficio en contra del Presidente. La intención de López Obrador por destruir al INAI, el órgano encargado de vigilar el ejercicio del poder público y de defender nuestros datos personales, no es nueva. Todo el año 2023 estuvo marcado por la obstaculización del nombramiento de los comisionados necesarios para que el Pleno del INAI pudiera operar. Además, desde el 2018 el presupuesto destinado al INAI disminuyó en un 24%. Esta es una táctica deliberada del Presidente, pues es consciente de que no le conviene que al cierre de su administración se vele por la transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de López Obrador no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos; en esta administración contamos con mayor opacidad y menores instrumentos para vigilar al poder público.
Los órganos constitucionales autónomos son parte del principio de división de poderes. Así como existe una división entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de los órganos constitucionales autónomos funge como contrapeso y se encarga de funciones primarias u originarias del Estado que por su especialización e importancia social requieren atenderse con independencia de los otros poderes. La propuesta del Presidente para desaparecer los organismos constitucionales autónomos, esconde lo que verdaderamente está sucediendo: es tan sólo el inicio de la destrucción de la división de poderes. Y si no me creen, analicemos un poco más el resto de las iniciativas: se está atacando a los órganos autónomos; pero también al Poder Legislativo, proponiendo la eliminación de las candidaturas plurinominales; y al Poder Judicial, proponiendo la elección de Ministros, magistrados y jueces federales mediante el voto popular. De manera sutil y paciente, López Obrador está construyendo un camino constitucional para la concentración del poder.
José Luis Nassar Peters, Abogado Penalista
@gueronassar
