Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció una investigación de oficio tras la divulgación de datos personales por parte de la Presidencia de la República en el caso "Marquez Padilla". Este caso involucra acusaciones de Pemex contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), por presuntamente cobrar una pensión millonaria de manera ilegal.
Bien es sabido que la filtración de datos es un delito, y la Ley de Protección de Datos Personales estipula una serie de sanciones para los responsables pero, pareciere que al gobierno mexicano se le olvidó cumplir las normas, de tal forma que decidió dar a conocer mediante su sitio oficial cientos de páginas de un expediente que incluía documentos íntegros con información personal de Casar y su familia, incluyendo cheques y domicilios.
Es una desgracia saber que el lema del Presidente durante su periodo ha sido “La transparencia es el eje de la democracia”, cuando el acceso a la información que se dispone como pública pareciere imposible, pero plegarse a que nuestros datos sean violados si es factible para el Gobierno.
El INAI, como organismo encargado de velar por la transparencia y la protección de datos en México, juega un papel crucial en este escenario; su intervención para investigar casos de divulgación indebida de información personal es fundamental para asegurar el cumplimiento de las leyes y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
La filtración de datos confidenciales es un tema que merece una atención especial en cualquier sociedad que valore la privacidad y la integridad de sus ciudadanos, dado que en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la protección de la información personal es elemental para garantizar la confianza en las instituciones y prevenir posibles abusos.
Las consecuencias de filtrar ciertos datos personales pueden ser devastadoras, es imperativo que las instituciones gubernamentales y privadas adopten medidas robustas para proteger la confidencialidad de la información que manejan. Además, es fundamental que el Gobierno y todas las entidades responsables de manejar datos personales comprendan la gravedad de sus acciones, es necesario que asuman la responsabilidad de proteger la información confidencial de acuerdo con los estándares éticos y legales establecidos.
¿Acaso la transparencia compromete la privacidad? ¡De ninguna manera! La seguridad de los ciudadanos no es un juego, y la protección a los datos personales es nuestro derecho.
