La persistencia de estructuras y prácticas obsoletas y discriminatorias en la medicina y el derecho ha marginado históricamente a las mujeres de la toma de decisiones, dejando su salud y autonomía en manos de una perspectiva predominantemente masculina. La violencia obstétrica es una manifestación dolorosa de este legado, una donde las mujeres se enfrentan a procedimientos invasivos y deshumanizantes, a menudo normalizados por los mismos profesionales que deberían protegerlas.
Abordaré un caso emblemático, respetando la presunción de inocencia, que ejemplifica la alarmante realidad de la violencia obstétrica. Se trata de un médico, a quien nos referiremos como Dr. Jesús "N" para salvaguardar el debido proceso. Las acusaciones en su contra retratan un patrón inquietante de abusos en el ámbito de la salud reproductiva: suministro de medicamentos sin consentimiento o en dosis incorrectas, realización de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones graves en procesos de fertilidad que debían ser sencillos, retención de expedientes médicos y consecuencias fatales en el parto en cuatro casos. Este caso refleja la magnitud de la violencia obstétrica que enfrentan incontables mujeres, marcando un precedente crítico en la lucha por la justicia y la integridad en la atención médica.
Jesús "N" y su equipo presuntamente perpetraron actos de violencia obstétrica de manera sistemática y repetida, lo cual, de ser comprobado, podría configurar una operación de delincuencia organizada en contra de sus pacientes. Sus víctimas forman parte de la estadística en México donde, según el INEGI, 31.4 por ciento de las mujeres y personas gestantes que han tenido un parto han sufrido violencia obstétrica, tanto en servicios de salud públicos como privados.
Las acciones de Jesús “N” no solo contradicen la ética médica, sino que subrayan la urgente necesidad de acciones legales y reformas para proteger a las mujeres y personas gestantes de tales abusos. Estamos frente a una epidemia de salud y de derechos humanos. Y, sin embargo, existen pocas acciones preventivas, y aún menos recursos para que las víctimas reclamen justicia. Mientras no se tipifique la violencia obstétrica como un delito en el Código Penal Federal, las sobrevivientes podrán aspirar solamente a una demanda por daños civiles, presentar quejas administrativas o seguir un procedimiento conciliatorio ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). La realidad es que la mayoría de los casos se desestiman bajo el principio de la lex artis médica; un pretexto para justificar que la medicina siempre se ha practicado así y que otros colegas médicos habrían actuado igual. Jesús 'N' y su equipo encarnan el statu quo de un sistema médico y legal que debe cambiar para asegurar que no haya más víctimas de violencia obstétrica.
En el marco de los 16 días de activismo en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hago un llamado urgente para que el Congreso de la Unión incluya en el Código Penal Federal el delito de violencia gineco-obstétrica, con una definición amplia, clara y con un fuerte componente de reparación del daño para las víctimas. Y exhorto
también a todo el Sistema Nacional de Salud para que asuma la responsabilidad de poner los derechos de las mujeres a la salud, la vida y la integridad personal, por encima de costumbres médicas misóginas y anticuadas. Es hora de un cambio. Es hora de actuar.
José Luis Nassar Peters, Abogado Penalista
@gueronassar
