Cuando los analistas hacen un corte de caja de los dos primeros años de la cuarta transformación todos evalúan lo realizado, dicho o reformado por el presidente. Y claro, es incuestionable la importancia del ejecutivo federal en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, generar contrapesos a un presidencialismo cada vez más omnímodo, empieza por exigirle cuentas a los demás poderes. Debemos voltear a ver los resultados que nuestros diputados federales nos entregan. Estamos tan pendientes de criticar a AMLO que a nadie parece importarle lo que hace el legislativo. Y eso les conviene a ellos: a los diputados que cómodamente buscarán reelegirse sin importar su desempeño, confiados en que el nivel de aprobación del presidente bastará para llevarlos nuevamente a San Lázaro.
Este es el primero de una serie de artículos que buscan revitalizar la discusión sobre el rol que el Congreso mexicano ocupa (y puede ocupar) en el desarrollo de la política social, cultural, económica, educativa e medio ambiental del país. Mi premisa de origen es que recuperar y dignificar al poder legislativo, no sólo significa quitarle la mayoría a MORENA y a sus aliados. Significa tener un programa de acción que represente una alternativa al entreguismo, a la ineficiencia y a la improvisación que caracterizan a la actual legislatura.
Empecemos.
La cultura para la cuarta transformación no ha sido prioridad. A pesar del gran respaldo del mundo artístico a MORENA en 2018, el pago en estos dos años ha sido la ingratitud. El apoyo a la cultura ha quedado en mera retórica, pese a que su titular, Alejandra Frausto, reitera cada que puede que “la cultura no será nunca más un accesorio.” En la práctica, la Secretaría de Cultura padeció un recorte del 3.9 % en 2019. En su primer año, la 4T destinó apenas el 0.21% del presupuesto federal al sector cultural, muy por debajo del 1% recomendado por la UNESCO. Aún con la reducción, la Secretaría de Cultura tuvo un subejercicio que parecía justificar un nuevo recorte. En 2020 hubo un mínimo aumento que, sin embargo, no fue suficiente para devolver al sector al nivel del 2018.
Este año, la pandemia dio la excusa perfecta para sacar nuevamente las tijeras. El recién aprobado presupuesto para el 2021 quitó recursos al Programa Nacional de Reconstrucción, sin importar que los recursos serán insuficientes para reparar los monumentos dañados por los sismos. Se afectó a EDUCAL, con una disminución de un tercio de su presupuesto, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con reducción del 10.9% y al Centro Cultural y Turístico de Tijuana, con un recorte del 9.4%. Las dependencias en el ámbito de cine fueron las más castigadas, ya que el IMCINE sufrió una reducción del 20%, pese a que en 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional.
En contraste, una cuarta parte de los recursos del ramo cultural se etiquetaron para el Proyecto Chapultepec. El tema es dramático porque más de 3 mil millones de pesos serán destinados a una iniciativa que refuerza el centralismo cultural, un presupuesto que no lo va a ejercer directamente la Secretaría de Cultura, ni será en beneficio del sector. La 4T, que empezó por proponer que la Secretaría de Cultura se moviera a Tlaxcala para descentralizar los apoyos a la cultura, hoy decide en medio de una pandemia, cuando miles de artistas reclaman del apoyo del Estado, que la prioridad es embellecer a la capital haciendo de Chapultepec un Central Park chilango.
En medio de incongruencias presupuestarias, la voz crítica de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, ha quedado aislada entre la aplanadora morenista. Por eso necesitamos construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría que responda a las necesidades del sector cultural y no a los caprichos del presidente. Una mayoría que tome en serio los ejercicios de parlamento abierto. Una mayoría que no simule escuchar, sino que represente legítimamente los intereses de cineastas, promotores culturales y especialistas en el ramo. Necesitamos votar a diputados que entiendan y defiendan al sector. Diputados que se comprometan con una agenda mínima que ha sido reiterada una y otra vez por la gente que sí se dedica a la cultura:
Acabar con el outsourcing del personal
. Dar suficiencia presupuestaria a la Secretaría para salvar al personal por honorarios, particularmente los suscritos al capítulo 1000, 2000 y 3000, y diseñar un proceso de basificación que les otorgue seguridad social y estabilidad laboral.
Frenar la austeridad a rajatabla
. Los fideicomisos y fondos culturales no merecen más recortes, sino una reorganización presupuestal y auditorías para mejorar sus procedimientos. Requerimos democratizar los comités de selección que otorgan estímulos, tener normas de asignación claras y duración máxima para recibir apoyos.
Reformar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
. Necesitamos que la red de bibliotecas tenga cobertura en cada municipio del país, con bibliotecas públicas que cuenten con aulas digitales, banda ancha, un acervo actualizado y un catálogo interbibliotecario. Y en cada biblioteca, personal con una remuneración digna, capacitación constante y vocación por fomentar la lectura.
Financiar proyectos que sí creen audiencias
. El fomento a creadores no debe ser sólo una forma de dar vida digna a nuestros artistas, sino también una apuesta del Estado mexicano por generar audiencias que, en el mediano plazo, permitan que el sector cultural tenga más autonomía y dependa del gusto del público más que del de la burocracia en turno.
Varias de estas propuestas fueron delineadas con mi colega Ulrike Figueroa, maestra en administración de las artes por la Universidad de Columbia. Ambos estamos convencidos de que salvar a la cultura atraviesa por dar una lucha política.
Lamentablemente, hoy apoyar a la cultura es exigirle a Austria que nos devuelva el penacho de Moctezuma, es hacer de la televisión pública un instrumento de propaganda y del Fondo de Cultura Económica una inquisición cultural. La cuarta transformación va a la cultura como un discurso político y no como una industria viva que genera más del 3% de PIB. Su nacionalismo acartonado encarna el peor de dos mundos: por un lado, mantiene una visión de un mecenazgo estatista que asigna recursos según su gusto ideológico; por el otro, mantiene las peores pulsiones neoliberales, de una austeridad ciega que no piensa en los derechos laborales de los aquello que el Estado deja en abandono al retirarles su apoyo.
Todavía podemos salvar a la cultura. Para ello, necesitamos poner en el Congreso a voces opositoras que estén dispuestas a dar la lucha.
