La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió al Congreso el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deja ver con toda claridad la visión autoritaria de nuestro presidente y el nulo valor que da a la división de poderes, piedra angular de nuestro sistema republicano y federal. El presidente desea un Poder Legislativo sometido a su arbitrio, es más que evidente que para el presidente, el Congreso es un estorbo.
La iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto pretende dar al presidente facultades para modificar el Presupuesto sin la aprobación de la Cámara de Diputados, con objeto “dice”, de enfrentar la emergencia económica que el país y el resto del mundo estamos viviendo. El riesgo es más que evidente: el presidente podría modificar todos los programas y partidas presupuestales a su antojo y gastar en forma discrecional los recursos de la nación sin rendir cuentas a nadie, justo cuando corremos enormes riesgos por la pandemia en la que estamos inmersos.
Otro motivo por el que la iniciativa que envió el presidente llama mucho la atención es que, como todos sabemos, el Presupuesto 2020 (gracias a la amplia mayoría de votos con que cuentan los grupos parlamentarios afines al Presidente de la República), está hecho al contentillo del presidente, y, si fuera necesario hacerle modificaciones, no tendría ningún problema para sacarlas adelante. Por eso llama tanto la atención su empeño en modificar la Ley en lugar de plantear modificaciones al Decreto de Presupuesto. Pareciera que es un tema que no desea discutir ni siquiera con los diputados que lo han apoyado siempre. Él, y sólo él, como lo hemos visto en muchos otros casos, quiere ser quien tome las decisiones.
México ha venido modificando la estructura jurídico-política que dio cobertura y soporte al longevo régimen autoritario que padecimos durante décadas, para dar paso a un régimen de tipo pluralista estable. No ha sido nada fácil. La pluralidad política ha activado mecanismos que antes eran letra muerta: el control parlamentario sobre el Presupuesto tiene una relevancia mayúscula. Hoy, estamos obligados a evitar una regresión autoritaria. Las democracias producen resultados cuando sus actores dialogan y cuando existen asideros de responsabilidad.
El Congreso debe asumir a cabalidad su representación y fungir como caja de resonancia de actos u omisiones que pongan en riesgo la democracia. Desde la tribuna se deben evidenciar las conductas ilegales. Es momento de asumir sin cortapisa sus funciones de control político y dar respuesta legislativa a las demandas sociales. Cada actor tendrá que resolver si asume los costos hoy, o espera a que las demandas de la sociedad lo rebasen.
Considero que, ante el talante autoritario del Presidente de la República, el Poder Legislativo tiene una obligación, de cara a la sociedad, de no permitir semejante atropello a los valores democráticos que nos hemos dado como sociedad. No es suficiente que el líder del grupo mayoritario nos diga que en las próximas dos semanas no habrá periodo extraordinario de sesiones para después intentar sacar adelante la reforma; es indispensable que todos los grupos parlamentarios (tanto los de los partidos que apoyan al actual gobierno como los que forman la oposición), digan, por dignidad, no a esa propuesta que elimina de tajo una de las atribuciones más importantes de la Cámara de Diputados, que es la autoridad para modificar el Presupuesto, ejerciendo así su papel de control y contrapeso tan necesarios en un país que anhela ser democrático. Si el Congreso, aún con la oposición de las oposiciones, aprueba la reforma, estará abdicando a una de sus facultades más trascendentales.
Abogado. @jglezmorfin
