Uno de los avances más importantes que trajo consigo la llegada de la alternancia en el año 2000, fue llevar a la agenda legislativa y ciudadana los temas de transparencia que en nuestro país eran cosa prohibida. Se trató sin duda de una de las más importantes y largamente anheladas conquistas ciudadanas: la legislación y el marco institucional en materia de transparencia y acceso a la información en poder de los tres órdenes de gobierno. Hoy se dice fácil, pero abrir el gobierno al escrutinio de los ciudadanos supuso un cambio cultural.
La transparencia trajo una verdadera revolución en la forma en que se concibe la propiedad de la información que poseen las instituciones públicas. Hoy se conocen los salarios de los servidores públicos, los presupuestos, los gastos, las inversiones, las plazas, las prestaciones, los contratos, las actividades, en fin, toda la información que por derecho le corresponde conocer al ciudadano acerca de sus servidores públicos.
Desde luego, el proceso ha sido largo e imperfecto, pero se trató de un cambio de gran calado al que ahora se le pretende poner fin al no permitir que el órgano responsable, el Inai, pueda sesionar por no tener el número de comisionados necesarios para establecer el quórum legal.
Son muchos los aspectos positivos de contar con una ley de transparencia y de un órgano que la aplique. El derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental. Los sujetos obligados no sólo son los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos. También son sujetos obligados los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos o cualquier persona física y moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. La llegada de la transparencia vino a dar respuesta a una añeja demanda ciudadana para arrojar luz a rincones de opacidad. Hoy, que hay el intento de regresar al país a los años de gobierno cerrado, no lo debemos permitir.
En las últimas semanas y meses hemos visto cómo una gran cantidad de escándalos llenan nuestra vida pública y han causado indignación. Lujosas casas de funcionarios públicos y sus familiares, costosos viajes con cargo al erario, etc. Si a esto le agregamos la intención del gobierno de acabar con el órgano que tiene como primordial función transparentar la vida pública, sí que tenemos un problema.
La ciudadanía debe contar con herramientas para vigilar a los gobiernos, prevenir el abuso, fiscalizar sus decisiones y castigar a los funcionarios que traicionan la confianza del pueblo. Al final de cuentas, un elemento definitorio de la calidad de cualquier democracia es la capacidad del pueblo para llamar a cuentas a sus mandatarios y representantes. Y dos herramientas poderosas para lograrlo son la Ley de Transparencia y el Inai.
Sin duda, es largo el camino que se ha recorrido en los últimos 20 años de transparencia en instituciones públicas. Es claro que persisten retos y obstáculos, pero la transparencia y el acceso a la información pública deben ser conquistas ciudadanas irrenunciables.
Abogado
@jglezmorfin