El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una de las decisiones más sorprendentes de su historia reciente al resolver, en primer término, que la pregunta para la consulta ciudadana de los expresidentes enviada por el Presidente López Obrador sí era constitucional, para inmediatamente después echarla al cesto de basura y reformular y aprobar una pregunta totalmente distinta.
Lo resuelto por la Corte no dejó satisfecho a nadie —ni siquiera a quien envió la pregunta— y, además, la nueva pregunta padece de los mismos vicios de inconstitucionalidad que la original.
La impartición de justicia no debe estar supeditada al resultado de una consulta ni a la opinión pública, no lo permite la Constitución. La autoridad, al tener indicios de una conducta delictiva tiene que actuar; no es potestativo, así lo ordena la ley. Si el Ministerio Público no actúa también comete un delito.
Por otra parte, la segunda pregunta —al igual que la primera— no tiene pies ni cabeza, es un verdadero despropósito; no tiene nada que ver con la original y también restringe derechos humanos, la afectación a la presunción de inocencia es más que evidente; mejor se hubiera propuesto, como en otros países, una comisión de la verdad. No se entiende su alcance: es a partir del 2000 o incluye también los años anteriores; por ejemplo: la guerra sucia en tiempos de Luis Echeverría.
Justo, cuando en nuestro país hacen falta más los contrapesos para moderar la actuación del Presidente de la República, viene esta decisión de la SCJN con la que salimos perdiendo todos: Pierde el Presidente, porque la pregunta formulada por la Corte no se parece en nada a la que él envió, y no se incluyen los nombres de los expresidentes, quienes son los verdaderos destinatarios. Pierde la Corte, al quedar en entredicho su independencia y evidenciar —con la votación de seis contra cinco— la profunda división que existe entre sus integrantes. Y, finalmente, perdemos los ciudadanos, que cada día nos vamos quedando sin los necesarios contrapesos, poniendo en riesgo nuestra democracia; y, por si esto fuera poco, la consulta que deberá celebrarse en agosto del año próximo tendrá un costo de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos que podrían mejor utilizarse en infinidad de cosas (por ejemplo, para enfrentar la crisis sanitaria que padecemos) que tanta falta hacen en nuestro país.
La SCJN, como nuestro tribunal constitucional, debe velar por la irrestricta protección de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución y las convenciones y tratados internacionales de los que México es parte, no está para tomar decisiones políticas, no le corresponde. Tampoco le corresponde fortalecer la cultura de democracia participativa, no es órgano político; para eso tenemos al Instituto Nacional Electoral.
Finalmente, la consulta popular no nació como instrumento para perdonar culpables o castigar inocentes; ni tampoco para que actores políticos obtengan rentabilidad electoral. Lo mejor que nos podría pasar es que el Presidente se desistiera de la pregunta, aunque no creo que suceda. Lo que sí puede suceder es que la SCJN recupere su papel de contrapeso que el México actual necesita.
Abogado. @jglezmorfin
