En las últimas semanas y meses hemos visto cómo una gran cantidad de escándalos llenan nuestra vida pública. El último de ellos: un posible conflicto de interés en el que está involucrado un hijo del Presidente de la República. Pareciera que la clase política no cambia, sigue, como siempre, ciega y sorda ante los reclamos de la sociedad.

La indignación por esta situación se agrava por dos hechos innegables: uno, que hoy como nunca se exige a los mexicanos que cumplan con sus contribuciones al fisco. Y dos, que la situación económica no está generando ningún optimismo sobre el futuro. Así, la jefa o el jefe de hogar llega a su casa, cansado de trabajar todo el día para llevar lo necesario a su familia y enciende la televisión sólo para encontrarse con amigables recordatorios del SAT sobre el pago de impuestos, seguidos de interminables anuncios de partidos políticos acusándose mutuamente. Toda una receta para el descontento.

Con todo lo que estamos viviendo, vienen a mi mente dos temas: el primero, tiene que ver con la transparencia. Uno de los elementos que caracteriza a las democracias modernas es la capacidad de otorgar información a la ciudadanía con el fin de que conozca de manera crítica e individual todo lo que pueda ser de su interés. Estamos viendo cómo con la revolución de las tecnologías de la comunicación y de la información, la sociedad es mucho más crítica de los gobiernos y de sus acciones. Contamos con una ciudadanía más y mejor informada que coloca la vara muy alta a sus gobiernos. El mexicano de hoy ya no se le puede engañar, exige conocer la verdad.

El segundo tema tiene que ver con la impunidad y, en esta materia, México vive una enorme crisis de credibilidad. Es la visión que se tiene dentro y fuera del país. El sistema nacional anticorrupción creado en el sexenio anterior está incompleto si no es que desmantelado. Las medidas administrativas implementadas por la actual administración para combatir la corrupción en el gobierno federal no han funcionado y los casos de conflictos de interés se suceden uno tras otro y no se hace nada para frenarlos. Sin duda, la democracia en México enfrenta una dura prueba. No debemos permitir que los escándalos no tengan consecuencias o que los funcionarios públicos puedan violar la ley sin que haya una sanción. La corrupción ha impuesto a nuestro país un enorme costo social y erosiona la confianza de la ciudadanía en las capacidades de sus gobiernos.

Es indispensable para la democracia que ningún funcionario quede fuera del escrutinio público y que se conozcan y ventilen en los medios todos los casos de corrupción y conflicto de interés a todos los niveles de gobierno. Esto es parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas que debe instaurarse en México como la norma. La falta de transparencia, la corrupción y la impunidad, es lo que tiene a la ciudadanía cansada. Hay que frenar el abuso, pues esto es lo que está erosionando la confianza de la sociedad. Una democracia funcional no se limita a lo electoral, debe servir también para construir gobiernos honestos, capaces de producir bienes públicos para las mayorías. Esa es la democracia a la que México debe aspirar.

Abogado.
@jglezmorfin

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