Una vez más desde la presidencia de la República se ha orquestado una campaña para debilitar al Poder Judicial. No hay antecedentes de una campaña así. A los ataques verbales que día a día se hacen en contra de ministros de la Corte, y particularmente, en contra de la ministra presidenta, Norma Piña, se agrega una decisión que golpea a todo el poder Judicial: la extinción de 13 fideicomisos que sirven para soportar prestaciones de magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial. Lo acontecido la semana pasada con la aprobación por la Cámara de Diputados del decreto con el que se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, es el hecho más grave de la campaña que desde la presidencia de la República, se ha orquestado en su contra. Por lo que estamos viviendo, queda claro que nuestra democracia no está exenta de riesgos, que una regresión autoritaria puede estar a la vuelta de la esquina.
En México, desde la llegada de la actual administración hemos visto cómo se implementó desde el poder una estrategia para debilitar a los organismos constitucionales autónomos. Éstos, han encontrado en el Poder Judicial el último baluarte para su defensa y para combatir los excesos del Ejecutivo que, además, ha contado con la complicidad de un Poder Legislativo vergonzosamente subordinado. Los organismos autónomos que se crearon en nuestro país en los últimos años son instituciones sólidas e independientes, que más allá visiones políticas de corto plazo, nacieron para satisfacer añejas demandas de la sociedad y dar coherencia a nuestra realidad. Son instituciones que vinieron a dar fortaleza a la acción del Estado.
A juzgar por los acontecimientos que estamos viendo y por lo complicado que se vislumbra este año electoral, la elección de junio próximo pondrá a prueba no sólo la fortaleza de nuestros organismos electorales, sino también, y quizá en mayor medida, los avances que en materia democrática se han logrado en nuestro país. No hay duda de que la estrategia deliberada de desinstitucionalización que está utilizando el gobierno, representa un enorme riesgo para nuestra joven democracia. El del 2024 no será un proceso más y puede poner en riesgo mucho de lo que como sociedad hemos ido logrando para consolidar nuestra democracia.
Finalmente, lo que nos hará fuertes como país será la fortaleza de nuestras instituciones. En México, el Instituto Nacional de Elecciones (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y otras instituciones son un legado para el futuro del país. Es obligación de todos hacer que funcionen, que sean útiles y que su aportación sea positiva y duradera.
El Poder Judicial y, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dado muestras sobradas de su independencia, apego a la Constitución y respeto al Estado de derecho. Por eso son los ataques en su contra y por eso también se le pretende castigar con la extinción de fideicomisos que son indispensables para su operación. Por el bien de México y de nuestra democracia, debemos exigir respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Abogado
@jglezmorfin