La consulta ciudadana es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución a partir del 2011, y representó uno de los avances más importantes de nuestro país en materia de democracia participativa. No tiene nada que ver con la consulta que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende llevar a cabo en contra de los expresidentes. Ésta, por donde se le quiera ver, es un verdadero despropósito. Es, creo yo, un intento de judicializar la política en la peor de sus vertientes.
La judicialización de la política tiene por lo menos dos vertientes: una buena y otra mala. En su vertiente buena, la creación de tribunales constitucionales en muchos países es considerado un avance democrático en la medida en que se amplían derechos y libertades de los ciudadanos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de ser nuestro máximo órgano jurisdiccional, es también nuestro tribunal constitucional, y en muchas ocasiones —como último y legítimo recurso de actores políticos, económicos y sociales—, ha tenido que intervenir para resolver en definitiva sobre derechos y políticas públicas, y sobre conflictos competenciales entre órganos, cuyos titulares no tienen la misma pertenencia partidaria ni comparten proyectos políticos. Las decisiones de un tribunal constitucional, pueden provocar grandes cambios en políticas públicas y, en el largo plazo, pueden incluso crear un nuevo statu quo. Uno de los distintivos de los países democráticos, a diferencia de los regímenes autoritarios, es que la voluntad del Estado es resultado de una pluralidad y concurrencia de diversos centros de decisión.
Por otra parte, en su vertiente mala, la judicialización de la política puede ser utilizada como arma política en contra de adversarios, y eso es lo que creo está sucediendo. El que los tribunales decidan sobre cuestiones de política partidista tiene muchas implicaciones que trascienden al proceso judicial. Pretender utilizar a los tribunales para golpear a la oposición es un peligro que debemos evitar.
La justicia no puede ni debe estar supeditada a la opinión pública, se sentaría un precedente cuyas consecuencias podrían ser funestas; además, la Constitución no lo permite. La autoridad está obligada a investigar los delitos; no es potestativo, si no lo hace, también está cometiendo un delito.
En relación a la pregunta, considero que no tiene pies ni cabeza. “Cuidaron” tanto la redacción que se formó un auténtico galimatías. Espero y deseo que sea declarada inconstitucional por la SCJN. Viola el principio de presunción de inocencia que es un derecho humano consagrado por la constitución y en convenciones y tratados internacionales de los que México es parte. Además, todos tenemos el derecho de ser juzgados por un tribunal legalmente constituido y no por un tribunal “popular”.
Finalmente, la consulta popular no debe de ser un instrumento del poder para perdonar culpables o castigar a inocentes. La SCJN tiene ante sí la oportunidad de sentar un precedente al respecto. La actual administración ya tiene demasiados frentes abiertos, ojalá, todo esto no haya sido una estrategia del gobierno para abrir otro frente, ahora con el Poder Judicial.
Abogado. @jglezmorfin
