La Cámara de Diputados tiene en sus manos la iniciativa en materia de eléctrica enviada por el Presidente López Obrador que, en caso de aprobarse, pondría fin a un esfuerzo genuino para modernizar el sector que se logró con la reforma energética aprobada el sexenio pasado. Ya el gobierno había dado muestras de que pretendía acabar con dicha reforma desde que el 15 de mayo del año pasado, en que el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de la Secretaría de Energía por el que se emite la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” a todas luces inconstitucional. Ello provocó un cúmulo de suspensiones otorgadas por el Poder Judicial en los juicios de amparo interpuestos por los particulares que, habiendo apostado por las energías renovables y por la seguridad jurídica de sus inversiones, resultaron afectados por dicho acuerdo.
La reforma energética, una de las más ambiciosas en la historia del país, marcó un parteaguas en nuestra economía. El reto era claro: o México modernizaba su marco legal en materia de energía o la realidad nos iba a alcanzar muy pronto, dado que los cambios en los mercados internacionales del petróleo nos imponían la necesidad de lograr inversiones extraordinarias para detonar el sector. En un tema muy sensible para los mexicanos, se logró una reforma que, garantizando la soberanía del país sobre sus recursos, permitió que este sector clave se convirtiera en palanca de desarrollo.
Uno de los grandes logros de la reforma fue sin duda darle un papel muy relevante al cuidado del medio ambiente y fijar las bases para transitar gradualmente hacia el cambio a energías renovables. La sustentabilidad como mandato constitucional. Los compromisos de México en esta materia son ineludibles: reducir los gases de efecto invernadero, disminuir la huella de carbono, transitar hacia energías limpias, etc., no cumplir con ellos sería irresponsable y lo pagarían las próximas generaciones. El gobierno actual pareciera que no ve lo que está sucediendo en el mundo, hay países que en menos de 20 años van a prohibir el uso de vehículos de gasolina.
Más allá de la lamentable imagen que proyectamos ante la comunidad internacional que nos hace ver como un país que no respeta sus contratos, lo que está en juego es el futuro de México y preservar nuestra seguridad energética. En materia de energía, hay que ver el futuro no voltear al pasado.
El mundo de la energía ha cambiado a escala global. Se vive una verdadera revolución energética. El futuro está sin duda en las energías renovables. Las decisiones de política energética de la actual administración son un gran error. Ahora, con la pretendida contrarreforma, se está enviando a la comunidad internacional un mensaje de que nuestro país no cumple con sus compromisos y que no existe seguridad jurídica para las inversiones. Tengo la convicción de que la mejor manera de fortalecer nuestra soberanía nacional es tomando las decisiones correctas. Espero, por el bien de México, que en el Congreso se le dé marcha atrás a la iniciativa del Presidente, de no ser así, se le estará dando un duro golpe a nuestra economía y a nuestro medio ambiente.
Abogado.
