El pasado domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México concluyó la llamada Marcha por la Paz encabezada por Javier Sicilia, el mismo que en el 2011 encabezó y dio vida al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que nació como una respuesta de la sociedad civil de México a la violencia que desde hace ya muchos años se vive en el país. Como uno de los frutos del movimiento del 2011, surgió la Ley General de Víctimas que, una vez que se resolvió la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo, fue finalmente promulgada en el 2013, teniendo como objetivo principal proteger los derechos humanos de las víctimas dándoles visibilidad y garantizándoles, no sólo ayuda y asistencia, sino la reparación integral.
La Ley General de Víctimas fue resultado de la colaboración entre órganos del Estado, organizaciones ciudadanas y víctimas, que sin tintes partidistas y preocupados por el abandono que padecen quienes sufren delitos que dañan su integridad, se dieron a la tarea de crear un sistema integral de atención a víctimas, como un acto civilizatorio que contribuyera a reparar el tejido social, a combatir el dolor evitable, el que los hombres se hacen entre sí, y a restablecer la dignidad de las víctimas; y, que al mismo tiempo, ayudara a fortalecer la relación de confianza y colaboración entre autoridades y ciudadanos a fin de forjar una sociedad más humana. El dolor de cada una de las víctimas y de sus familias nos debe doler a todos los mexicanos de bien. La Ley General de Víctimas surgió de un genuino esfuerzo de colaboración y un diálogo histórico entre los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad. Hubo disposición de todos y voluntad de ambas partes para encontrar soluciones a una agenda compleja y delicada que es del interés de todos los mexicanos. Fue una expresión genuina y vigente de los tiempos democráticos que queremos para México.
Traigo a colación esta Ley, porque más allá de que sin duda pueden ser opinables sus méritos y resultados, nació en cumplimiento de un compromiso asumido en los Diálogos del Castillo de Chapultepec, en los que participaron el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Movimiento encabezado por Javier Sicilia y en ese momento se mandó a la sociedad entera un mensaje de sensibilidad por parte de los poderes del Estado, ante hechos sumamente dolorosos que nos lastiman a todos.
Tal vez lo que hace falta para resolver el grave problema de violencia e inseguridad que padecemos, es retomar ese espíritu de colaboración que se dio en 2011 entre el gobierno y organizaciones de la sociedad. Así, y solo así, estaríamos ayudando a mitigar el dolor de quienes han resultado víctimas de la violencia que asola a nuestro país. Lo que vimos el pasado domingo no augura nada bueno. Fue muy triste conocer la negativa del Presidente de la República a recibir a los integrantes de la Marcha y el saber que en la reunión con los senadores, solamente acudieron representantes de los partidos de oposición, ninguno del partido gobernante. Por si esto fuera poco, al llegar la Marcha al Zócalo de la ciudad, en un hecho que no tiene precedente, un grupo de personas agredieron verbalmente a los participantes. Ni quienes participaron genuina y voluntariamente en la Marcha ni México merecen eso. Ojalá veamos pronto un cambio de actitud. Sin lugar a dudas, seríamos un mejor país si los poderes del Estado fueran más sensibles a las demandas de sus ciudadanos.
Abogado. @jglezmorfin
