Cuando hace algunos meses, la organización World Justice Project (WJP), presentó en la ciudad de Washington su informe anual sobre las condiciones que guarda en los distintos países el Estado de derecho, pudimos constatar con alarma los resultados de nuestro país. México se encuentra en el lugar 104 de los 128 países considerados. Los tres primeros lugares los ocupan desde hace varios años Dinamarca, Noruega y Finlandia. Los tres últimos, la República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela. Si comparamos a nuestro país con otros países de la región tampoco salimos bien librados. El país de Latinoamérica mejor evaluado es Uruguay, que ocupa el lugar 22; pero también salen bien evaluados Costa Rica en el lugar 25 y Chile en el 26. Venezuela es el peor de todos pero también, al igual que México, en los últimos lugares están: Guatemala 101, Honduras 116, Nicaragua 118 y Bolivia 121.
El índice se basa en más de 130 mil encuestas en hogares y más de 4 mil cuestionarios a expertos en justicia en todo el mundo, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de derecho. La organización WJP encuestó a ciudadanos y expertos en cada uno de los 128 países y evaluó diferentes ámbitos: límites al poder del gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, gobierno abierto, cumplimiento de la ley y acceso a la justicia, entre otros.
De los diversos indicadores evaluados, México obtiene su más baja calificación en ausencia de corrupción donde ocupa el lugar 121 de los 128 países evaluados. Solamente Kenia, Madagascar, Bolivia, Uganda, Camerún, Camboya y el Congo, resultaron peor evaluados que nuestro país. En el único rubro en el que nuestro país resulta razonablemente bien evaluado es en el de gobierno abierto en el que ocupa el lugar 36.
Como se puede observar, si hay un tema en el que no se ha podido avanzar nada (mas bien hemos retrocedido) es el de la corrupción. La percepción (o certeza) que se tiene en el ámbito internacional de que el nuestro es un país corrupto es un tema delicado que nos debe de preocupar. La corrupción, que ciertamente no es privativa de nuestro país (ni tampoco de los gobiernos), obstruye el crecimiento económico. Es un mal que ha ido desgastando poco a poco nuestro régimen institucional poniendo en riesgo los avances democráticos que como sociedad hemos logrado. Estamos ante una hora de grandes desafíos para las instituciones de la República, y la corrupción y la impunidad son dos de los principales problemas que enfrentamos como sociedad. Décadas de simulación y negociación de la ley, han permitido que la corrupción y la impunidad se enquisten en nuestra sociedad y en muchas de nuestras instituciones.
La consolidación de un verdadero país de leyes es la asignatura más importante que tiene nuestro país. La administración actual, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera electoral para pedir el voto ciudadano, tiene la obligación de demostrar que no fue sólo una promesa de campaña, y que va en serio, sin excepciones, a combatir este flagelo que agobia a nuestro querido México.
