Al momento de escribir mi columna, martes por la mañana, estaba a punto de ser votada en el Senado de la República el llamado “plan B” del gobierno en materia electoral. Ya fue aprobado en Cámara de Diputados. Como no tuvieron los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional, van ahora a modificar las leyes secundarias con el mismo fin: debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE). Seguramente, entre hoy y mañana, quedará consumado el atropello. Los senadores de Morena y sus aliados ya lo dan por descontado y hasta presumieron que cuentan con los votos necesarios para sacar adelante un dictamen que ni siquiera han leído. Así las cosas hoy en el Poder Legislativo.
En los próximos meses el INE enfrentará una sus más duras pruebas. Desde el poder, se ha orquestado una campaña para debilitarlo y después desaparecerlo. Lo que interesa al gobierno es un INE débil, que no pueda conducir el proceso electoral para así poder manipular la elección y, después, sustituirlo por otro a modo, con objeto de tener autoridades electorales afines a su movimiento, que sean capaces de inclinar la balanza a su favor en los comicios. No les importa que instituciones como el INE y el TEPJF, han sido fundamentales para el avance del país y han venido a dar fortaleza y coherencia de largo aliento a la acción del Estado.
Una reforma electoral no puede ser el resultado de una serie de ocurrencias, resentimientos, rencores, amenazas y venganzas. En todo caso, debe de ser resultado de un análisis serio de qué es lo que le hace falta a nuestro sistema electoral para hacerlo más eficiente y qué es lo que debemos cuidar y fortalecer. Y debe de llevarse a cabo en el momento adecuado, que es cuando llega a su fin un proceso electoral y no cuando ya las elecciones del 2024 están encima y los posibles candidatos andan todos en campaña. Y, en relación al tema en el que ha puesto el foco el Presidente, es un atropello que se destruya a instituciones como el INE y el TEPJF, que con su actuación independiente, han sido fundamentales para los avances democráticos que México ha logrado en las últimas décadas.
Desde el inicio de la actual administración, hemos visto cómo actores políticos destacados han estado tratando de minar la capacidad del INE para acometer tareas muy importantes que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Basta y sobra con ver los ataques y amenazas que recibe un día sí y otro también, por parte del Presidente de la República. Vivimos un momento clave en el proceso de consolidación de México como un país democrático. En momentos como éste no podemos dudar, es hora de defender nuestras instituciones porque así estamos defendiendo nuestra democracia.
A juzgar por los acontecimientos que estamos viviendo, está a prueba no sólo la fortaleza de la institucionalidad electoral, sino también, quizá en mayor medida, los avances democráticos en nuestro país. Es de dar vergüenza el papel que están jugando los legisladores de Morena y sus aliados, es un riesgo para nuestra joven democracia. Urge recuperar la tradición deliberativa de nuestro Congreso. Finalmente, lo que está en juego es el futuro del país.