El atentado que sufrió la semana pasada el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha dejado manifiesto lo vulnerable que se ha tornado nuestro país ante el crecimiento sin control de las bandas del crimen organizado. Un operativo así, inédito, en plena Capital de la República, sin precedente por su extrema violencia, evidencia la fragilidad del Estado y nos deja un sinnúmero de interrogantes: ¿Hasta dónde ha llegado la penetración de los carteles? ¿Hasta dónde están dispuestos ha llegar? ¿Qué está haciendo el gobierno para contener la violencia? ¿Significa esta crisis que el país va a naufragar? No debería de ser así. La lucha que nuestro país ha dado en décadas recientes ha sido por consolidar una auténtica democracia. Esto significa que deberíamos ser cada vez menos un país de personas y cada vez más un país de instituciones.
No podemos caer en el error de creer que el atentado resultó fallido por el hecho de que el Secretario de Seguridad salió con vida (qué bueno que así sea), pues dos de sus escoltas perdieron la vida dejando a sus familias sumidas en el dolor. Además, una joven mujer, Gabriela García Cervantes, que infortunadamente a esa hora de la madrugada se dirigía a trabajar con su familia, perdió la vida alcanzada por las balas que salían de todas partes, dejando en la orfandad a dos pequeñas de 4 y 9 años ¡Toda una tragedia!
Tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que estos lamentables hechos sólo han puesto a prueba el liderazgo de la institución presidencial o del Poder Ejecutivo, todos los poderes del Estado a todos sus niveles están a prueba. Todos los actores económicos y sociales también. Esta es una prueba para México. Estamos ante un verdadero desafío al Estado que pone en riesgo nuestra democracia e incluso nuestra viabilidad como país.
A este escenario de descontento social y marasmo político se suman serias preocupaciones sobre el rumbo de la economía nacional. Las expectativas de crecimiento económico están por los suelos. Es cierto, todas las economías de todos los países están sufriendo y pagando los costos de la pandemia, pero están tomando medidas para contrarrestarlos. En México, todo lo contrario: se desincentiva la inversión extranjera generando incertidumbre y poniendo toda clase de trabas, y poco a poco, este gobierno va dando marcha atrás a todas las ventajas competitivas y los efectos positivos que trajo para nuestro país la reforma energética.
Hemos luchado por tener un Congreso y un Poder Judicial independientes: es hora de que esos poderes asuman su responsabilidad con México. El Congreso tiene que fortalecer su postura de contrapeso efectivo del Ejecutivo y, por su parte, el Poder Judicial tiene una oportunidad de oro para encabezar la construcción de un verdadero Estado de derecho.
El sector privado tiene también una responsabilidad delicada. De su visión y sus decisiones dependerá en buena medida si la economía se agrava o mejora. Las condiciones para la inversión no son óptimas pero dejar de invertir por esperar a que mejoren es una estrategia de derrota a sí misma y empeoraría las cosas.
Durante los últimos meses hemos visto como ha crecido el descontento social. La imagen que da el gobierno en el manejo de la gestión de la crisis de salud desatada por la pandemia del coronavirus tanto en México como el resto del mundo, es que no se han tomado las decisiones correctas y no dan signos de encontrar una salida. El daño a la credibilidad presidencial es lo suficientemente grande como para opacar cualquier acierto que pudiera tener. La polarización, la división, parecen ser el signo del actual gobierno. El enojo de la sociedad crece y la reacción del gobierno parece oscilar entre la distracción y la parálisis. Es momento de dar un paso al frente para ahora sí, entre todos, salvar a México.
Abogado. @jglezmorfin
