El pasado 5 de junio, en seis entidades del país, los ciudadanos fueron a las urnas para elegir a quienes habrán de gobernarlos, los próximos años. Han transcurrido diez días desde la elección y, como ha venido sucediendo en los últimos años, en ninguna de las entidades existe algún tipo de conflicto poselectoral. Las elecciones en nuestro país se siguen dando en un marco de normalidad democrática. Hay impugnaciones, sí, pero son atendidas y serán resueltas por las autoridades electorales competentes.

Una vez concluido el proceso electoral, es obligatorio hacer un balance y una reflexión hacia el futuro. Primero lo primero: del lado positivo destaco tres cosas.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el Instituto Nacional Electoral (INE) fue una vez más, uno de los grandes ganadores de la elección. Hubo elecciones en todos lados, incluso en zonas del país en las que se decía que no sería posible votar por amenazas de grupos violentos. También del lado positivo, hay que destacar el papel que juegan los ciudadanos que se comprometen durante toda la jornada electoral a recibir, contar y cuidar los votos de sus vecinos sin ninguna retribución y, que muchas veces no tienen siquiera el reconocimiento que se merecen. Y tres, que nuestra democracia, con todos sus problemas y defectos, sigue siendo el sistema político que los mexicanos queremos darnos para construir nuestros gobiernos, exigirles cuentas y reemplazarlos cuando defraudan las expectativas ciudadanas.

Del lado negativo, hay también tres cosas de deberían preocuparnos:

En primer lugar, es muy triste constatar que las rémoras del pasado clientelista siguen movilizando miles de almas a las urnas a cambio de limosnas indignas. Esto, que es una violación impune al marco jurídico, sigue manchando los procesos electorales.

En segundo lugar, hay que poner atención a las causas por las que cobró fuerza el abstencionismo en algunas regiones del país. Sólo en el estado de Tamaulipas votó más del 50% de la lista. En Oaxaca acudieron a las urnas menos del 40% de los empadronados. Urge elevar la representatividad de los gobiernos. Ante un abstencionismo que rebasa el 60%, estamos llevando al poder a candidatos que tienen en realidad el apoyo de menos del 20% del electorado potencial. Me explico: si en la lista nominal de electores hay 100 personas y de ellas sólo votan 38 (porque 62 se abstienen o anulan) y gana un candidato con el 50% de los votos, esto quiere decir que 19 de esas 100 personas son las que llevaron al poder al candidato.

Y, en tercer lugar, el costo de las campañas. No me refiero sólo al dinero legal, sino de las enormes cantidades de dinero extralegal que fluyen alrededor de partidos y candidatos y que no son reportados a la autoridad electoral. Si se quiere tener un indicador, el INE podría pedir al Banco de México un reporte de en cuánto aumenta el circulante en épocas de campañas electorales.

Finalmente, aún no concluyen los procesos electorales del 2022 y ya están arrancando los del 2023 y 2024. Es momento para que legisladores, partidos políticos y autoridades electorales pongan el foco en las cosas que pueden mejorar nuestros procesos para así evitar riesgos mayores.

Abogado
@jglezmorfin      

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