Desde que la señora Rosario Piedra Ibarra, en medio de gran polémica, fue electa por el Senado de la República como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un proceso viciado de principio a fin (basta recordar que no cumplía con los requisitos para el cargo ni tuvo los votos que se requerían al momento de la elección), no se auguraba nada bueno para el órgano garante de los Derechos Humanos en nuestro país. Por eso, no causó ninguna sorpresa cuando la semana pasada, muy a tono con lo que pretende el titular del Ejecutivo, declaró que la CNDH debe desaparecer.
La CNDH, desde su creación en 1992 y su autonomía en 1999, ha sido concebida como la columna vertebral de un sistema estatal para la protección y defensa de los Derechos Humanos, capaz de convocar y unir a todos los poderes públicos. Además, la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, que fue un parteaguas en la vida institucional del país, dotó a la Comisión de nuevas e importantes facultades: atraer casos de violaciones de derechos cometidas por autoridades del ámbito local, investigar violaciones graves a los Derechos Humanos y, ejercitar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte contra leyes que vulneren los derechos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Este cúmulo de importantísimas facultades, deben utilizarse de manera proactiva, para que la defensa del ciudadano ante los abusos cometidos por autoridades sea oportuna y firme. Requieren de una autoridad en la materia que, además de contar con el respaldo de los poderes públicos y de las organizaciones de la sociedad, tenga credibilidad y legitimidad para que sus resoluciones sean aceptadas por todos.
Los últimos años de la CNDH, teniendo como titular a la señora Piedra Ibarra, han significado un enorme retroceso. A nadie le conviene -y menos al país- que las cosas sigan así. La coyuntura que estamos pasando en materia de Derechos Humanos es terrible. Vivimos el sexenio más violento de la historia moderna de nuestro país. La CNDH no hace nada por las víctimas ni se interesa por los desaparecidos.
Son muchos los retos que enfrenta la CNDH, pero considero que uno de los más apremiantes es el fortalecer la confianza de la sociedad en la institución. Presidir la CNDH es una tarea compleja que demanda un diálogo permanente con la ciudadanía y, en especial, un entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil. El o la titular, tiene que ser un aliado de esas organizaciones claves para la democracia sin perder su neutralidad y objetividad. Tiene además que acreditar su actuación con base en decisiones firmes y bien sustentadas en la ley.
México cuenta con una institución, la CNDH, y un marco constitucional de avanzada, que representan una oportunidad excepcional para construir una sociedad capaz de defender al débil del abuso y al inocente de la arbitrariedad. Es un gran reto. Por ello, igual de grande debe ser la convicción y el compromiso de quien encabeza la institución encargada de velar por que esto se cumpla. La defensa de los Derechos Humanos es una tarea de Estado que nos debe convocar y unir a todos. Así, y sólo así, seremos un mejor país.
Abogado
@jglezmorfin
