Como ya se ha comentado hasta el cansancio, la semana pasada, en medio de gran polémica, el Senado de la República eligió a la señora Rosario Piedra Ibarra como la nueva Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH, desde su creación en 1990 y su autonomía en 1999, ha sido concebida como la columna vertebral de un sistema estatal para la protección y defensa de los derechos humanos, que siempre debe de convocar y unir a todos los poderes públicos. Además, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que representó un parteaguas en la vida institucional del país, dotó a la Comisión de nuevas facultades para atraer casos de violaciones de derechos cometidas por autoridades del ámbito local, investigar violaciones graves a los derechos humanos, ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren los derechos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Este cúmulo de importantísimas facultades, que deben utilizarse de manera proactiva para que la defensa del ciudadano ante los abusos cometidos por autoridades sea oportuna y firme, requieren de una autoridad en la materia que, además de contar con el respaldo de los poderes públicos y de las organizaciones de la sociedad, tenga credibilidad y legitimidad para que sus resoluciones sean aceptadas por todos.
A nadie le conviene —y menos al país— que el origen de quien está al frente de la CNDH esté cuestionado. La coyuntura en la que asumirá su delicada responsabilidad no podría ser más compleja. Hay infinidad de asuntos que tendrá que resolver: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nuevo Laredo, son sólo algunos ejemplos de violaciones graves a los derechos humanos que han conmovido a la sociedad y demandan una respuesta contundente del Estado y en particular de la Comisión.
Son muchos los retos que enfrenta la CNDH, pero considero que uno de los más apremiantes es el fortalecer la confianza de la sociedad en la institución. Sin duda, presidir la CNDH es una tarea compleja, que demanda un diálogo permanente con la ciudadanía y en especial, un entendimiento cercano con las organizaciones de la sociedad civil. El o la ombudsperson tiene que ser un aliado de esas organizaciones clave para la democracia, sin perder su neutralidad y objetividad. Tiene además que acreditar su actuación con base no en declaraciones, sino en decisiones firmes y bien sustentadas en la ley. El reto estará en construir nuevos puentes de confianza y entendimiento a través de sus decisiones.
Hoy, México cuenta con una institución, la CNDH, y un marco constitucional de avanzada, que representan una oportunidad excepcional para construir una sociedad con instituciones capaces de defender al débil del abuso y al inocente de la arbitrariedad. Una sociedad capaz de fincar su bienestar y prosperidad en el respeto a los derechos humanos. Es claro que los retos son enormes. Por ello, igual de grande debe ser la convicción y el compromiso de quien encabeza la máxima institución encargada de velar porque esto se cumpla. Difícilmente esto sucederá si quien debe estar al frente del esfuerzo, no tiene la legitimidad y credibilidad indispensable para afrontar el reto. Aún es tiempo de corregir lo que se hizo mal y dejó muchas dudas. La más interesada en que esto suceda, debiera ser la señora Rosario Piedra. La defensa de los derechos humanos es una tarea de Estado que nos debe convocar y unir a todos. Si el proceso para su elección se repone y se lleva a cabo con toda nitidez será, estoy seguro, en beneficio de las generaciones del presente y del mañana.
Abogado. @jglezmorfin
