¿A quién le interesa realmente la consulta, para que el pueblo decida, si se enjuicia o no a los expresidentes de México? Si revisamos la evolución de esta idea, que ya pasó por un ejercicio previo de rechazo, por una descalificación de la Corte a la pregunta original y por una votación en la Cámara de Diputados, en la que solo le dieron entrada a la iniciativa presidencial, la respuesta es contundente, solo le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde luego que, en la dirigencia de Morena, su partido político y en otros espacios como la Jefatura de Gobierno y la coordinación de la fracción parlamentaria del Senado, por citar solo algunos, se repite la narrativa sobre la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad, como si estos dos flagelos sociales, se resolvieran con una simple consulta, para todos los miles de casos que a diario suceden.
¿Cuál es la real intención de ir de nuevo a las urnas, cuando apenas hace 5 semanas, el país vivió el proceso electoral más grande de la historia? Solo su principal y único promotor lo sabe. Porque en el marco del Estado de Derecho que nos rige, no es necesario preguntar, si se aplica la ley o no, es facultad y obligación para las autoridades competentes, si tienen las bases suficientes, iniciar los procedimientos del caso. Esta afirmación, se ha repetido hasta el cansancio, por todo tipo de especialistas tanto en derecho constitucional, como en el penal.
Por consecuencia se debe considerar que no es necesaria para la nación, para el desarrollo económico, para la marcha de la administración pública, tanto federal como local y mucho menos para conservar los principios de justicia y equidad, la celebración de esta inoportuna consulta.
Justo está programada, la jornada de votación, cuando se está viviendo la tercera ola de contagios ocasionada por Covid 19 y sus letales variantes. Si bien es cierto que avanza el programa de vacunación, se debe tomar en cuenta que las vacunas, no están preparadas para prevenir las nuevas modalidades del virus y que, por tanto, la población sigue en alto riesgo.
Ahí están las estadísticas de los últimos días, el número de contagios es tan alto como en las etapas más agudas de este triste periodo y sin que se tomen de nueva cuenta, las medidas sociales de prevención. Quizá porque la economía general y de las personas ya no aguanta más paros o porque aplicar medidas en extremo, siempre tiene como consecuencia un descrédito para el gobierno, que aún reciente los resultados de la pasada contienda electoral.
El caso es que convocar para ir de nuevo a las urnas, en medio de la tercera ola de la pandemia y con el rechazo de la opinión pública, es absolutamente innecesario y oneroso tanto para el INE como para los ciudadanos que, en teoría, deben fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla y digo en teoría, porque dudo que asistan de nueva cuenta, porque ya no es obligación solidaria.
Será más loable, más objeto de reconocimiento para el gobierno federal, si antes del 15 de julio, fecha en que se inicia la promoción para los electores, se desencadena el mecanismo pertinente para CANCELAR LA CONSULTA POPULAR.
Tanto el INE como Morena ahorrarán muchos recursos. El INE pondrá en marcha los programas que hoy debe cancelar. Morena no gastará lo que tiene calculado, en movilizar a sus correligionarios. Y el Gobierno cuidará así, la salud de la población.
Claro que el pueblo sabio tiene otra solución. En caso de persistir en el despropósito de celebrar la consulta, NO VA A ACUDIR A VOTAR. No es necesario, nadie va a reclamar a quien no asista. Esa es la mejor forma de expresar la real voluntad ciudadana y de paso mandar el mejor mensaje: atiendan los problemas de inseguridad, los generados por la falta de medicamentos y otras vacunas. Que se cumpla con la obligación de gobernar para todos y no solo para sus propósitos.
