Los medios de comunicación, columnistas, críticos, abogados, políticos y personas de la sociedad civil, han tomado como moda, reclamar a los representantes populares, sobre su desempeño cuando ocupan un espacio como diputados, ya sea federales o locales y como senadores, cuestionando sobre: ¿cuántas iniciativas presentan en el periodo para el que fue electo o electa?
Y ahí tenemos a muchos de ellos, dándole vueltas al tema, para tener ideas brillantes, poderlas transformar en iniciativas de todo tipo, presentarlas ante la Cámara correspondiente, con la finalidad de que sean aprobadas y así justificar su paso hacia la historia.
Presentar iniciativas de ley, sea completas o modificaciones, exhortos, llamados, es sin duda facultad del Poder Legislativo, de acuerdo a las atribuciones que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución y su correlativo en estados y la CDMX. Pero ante la presión de la opinión pública o de los electores, ha provocado en los últimos años que presenten un cúmulo de propuestas, que no siempre están en la agenda estratégica de las cámaras y que suelen generar mucho ruido por lo espontáneo o por los temas que pretenden tocar.
Independientemente del proceso legislativo, hay una serie de reglas no escritas que le han dado, sustento, legitimidad y consenso, al complejo camino de elaborar iniciativas, enviarlas a los congresos, aprobarlas, promulgarlas y lograr que entren en vigor.
Sin que sea obligación, a quienes ha correspondido elaborar iniciativas, por ejemplo, respecto del derecho administrativo, esto es, en las leyes y decretos que regulan a la administración pública, es precisamente a las dependencias o entidades especializadas en el tema, ya que ahí se encuentran quienes conocen los detalles y el lenguaje técnico jurídico.
Lo mismo pasa con las legislaciones civiles, penales y familiares y las que regulan controversias administrativas o fiscales, son los tribunales especializados los que por el contacto constante con las normas y los principios que regulan, así como el análisis si cumplen con sus expectativas, a quienes les toca revisar y proponer las adecuaciones necesarias. En el mundo contemporáneo, legislar se debe generar con el aporte fundamental de los especialistas, encargados de cada tema y con un gran consenso.
De ninguna manera se menosprecia el trabajo de los legisladores que por su cuenta y riesgo presentan iniciativas. Pero ya lo hemos visto, tocan temas sensibles que causan alarma entre los sectores que van destinadas las propuestas, o bien causan la inquietud, entre los órganos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, al no estar enterados de la iniciativa y que muchas veces trastocan sus proyectos.
El procedimiento que siempre tiene éxito, es el que se basa en búsqueda del acuerdo de todas las instancias que intervienen con lo que se pretende regular, ya sea derecho administrativo o jurisdiccional. Quién busca un acuerdo de fondo en la cámara respectiva con la opinión en positiva de los técnicos y no solo de coyuntura, es quien logra mayor éxito con su iniciativa.
Que diferente sería para la opinión pública y para los sectores involucrados, si, por ejemplo, antes de buscar cambiar las reglas del arrendamiento en la CDMX, que causó mucha preocupación, se cometa con el Tribunal Superior de Justicia, con asociaciones de propietarios y con abogados especialistas y no solo con un grupo de activistas. O bien si en el tema de sobre regular en la Ley de Propiedad en Condominio, el concepto Air BnB, lo comentan con las áreas involucradas, esto sería con la Secretaría de Economía, con la de Turismo y con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX.
No deben estresarse nuestros legisladores si no presentan sendas iniciativas, es con mucho, más importante no faltar a las sesiones, tanto del pleno como de las comisiones a las que pertenecen, más trascendente es lograr que el presupuesto año con año, vaya destinado a las políticas públicas, que atienden las necesidades más sentidas de la población o que requiere el desarrollo de la nación. Y para combatir a la corrupción, necesario que vigilen que los recursos públicos, se apliquen sin discrecionalidad.
Exgobernador de Hidalgo
