Hace muchos años que la hoy Ciudad de México demandó dejar de ser un protectorado del Gobierno Federal, para vivir como una entidad autónoma y sus habitantes exigieron que se les reconociera la capacidad de gobernarse a sí mismos. Así dejó de ser un Distrito Federal para resurgir como un estado, con su propia legislación constitucional.
Sin embargo, el muy lamentable accidente del Metro en la demarcación Tláhuac revela que, en los hechos, no se ejerce cabalmente la autonomía por la que lucharon quienes construyeron el andamiaje jurídico que hoy soporta a la gran Ciudad de México.
Resulta que al menos cuatro altos funcionarios del gobierno local no acuerdan, no rinden y no reciben indicaciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entre ellas la directora general del Sistema Metro. Estos funcionarios fueron sugeridos, en el momento de su nombramiento por quienes son secretarios del gobierno de la República. Desde luego que se conocen los nombres de dichos jefes políticos, pero manejarlos aquí sería caer en la práctica de la politiquería, como le dicen en Palacio Nacional y no es el caso de este comentario.
Lo que sí preocupa es que jurídicamente la responsabilidad de un hecho como el del Metro, recae sin duda en la jefa de Gobierno, pero con este antecedente, ella no interviene en la práctica, en la toma de decisiones, porque esos funcionarios primero acuerdan con sus reales jefes y luego ejecutan. El ejemplo más claro de los problemas que esa intervención genera, lo tenemos en la falta de nombramiento del subdirector general de Mantenimiento. Las propuestas de la jefa de Gobierno para ocupar dicho espacio no han sido aceptadas por la doctora Florencia Serranía y su jefe moral. Por ello está acéfala el área más importante del Metro y, por tanto, quien resuelve es la propia directora general.
Siguiendo puntualmente lo afirmado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora es el pueblo quien manda y ejerce su mandato bajo la nueva vida democrática de México. En 2018, el pueblo de la CDMX mandató que quien gobernara fuese Claudia Sheinbaum y como principio de buen gobierno, en el papel de jefe, jefa o gobernador solo debe haber una persona. El mandato popular es indivisible y también la responsabilidad.
Pero y sin ser su abogado, realmente a la jefa de Gobierno Sheinbaum, no se le puede exigir, si no le toman parecer, en un área tan importante para la vida cotidiana de la ciudad, que responda por un colaborador.
Aquí es donde debiera intervenir el presidente de la República, no para gobernar a la CDMX, pero sí para evitar que estas confusiones afecten el desarrollo de la administración pública local. Antes que posicionar personajes, está la obligación de rendir cuentas al pueblo y esto solo lo puede y debe hacer quien fue electo popularmente.
Ante este panorama, resulta muy importante que tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como del Congreso local integraran comisiones investigadoras o llamaran a comparecer a la directora general. Comisiones plurales servirían como árbitros imparciales, más allá de presiones políticas, ya que evitarían que los dictámenes técnicos, sobre las causas reales de la tragedia, fuesen intervenidos y alterados para esconder culpas. Pero vimos la respuesta, las fracciones parlamentarias de Morena en ambos casos, se negaron a intervenir. Prefieren voltear para otro lado, antes que incomodar al gabinete.
Para ayudar al presidente en su alto propósito de respetar la voluntad del pueblo. Para apoyar su esfuerzo de darle legalidad y transparencia a la toma de decisiones, se necesita una Cámara de Diputados federal que realmente sea imparcial y una Cámara en la CDMX que coadyuve con el gobierno de la Ciudad a esclarecer con justicia los hechos del Metro. Morena no es la solución. Morena no permitirá que se sepa la verdad. Ayudar al Presidente significa votar el 6 de junio por candidatos capaces y responsables, que sirvan al pueblo y respalden al Presidente. Y solo los vamos a encontrar en la propuesta de Va por México.
